El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), una organización no gubernamental con sede en México, registró en septiembre 79 violaciones de derechos de personas encarceladas en Cuba y la muerte de cuatro reclusos. Los datos figuran en su informe mensual sobre las cárceles de la isla.
Las denuncias proceden de 34 cárceles, campamentos de trabajo forzado y centros de instrucción penal de 12 provincias y del municipio especial Isla de la Juventud. Camagüey, en el centro-este del país, La Habana y Mayabeque concentran la mayoría. Los penales más citados fueron Kilo 8 y Kilo 7, en Camagüey, y la prisión de Quivicán, en Mayabeque.
La negación de atención médica suma veintisiete denuncias y las relativas al estado de salud, veintiséis. Siguen las referidas a la alimentación (diecinueve), las restricciones a la comunicación (quince) y los traslados (nueve). En total, setenta y dos personas, cuatro mujeres y 68 hombres, resultaron afectadas, y otras veintitrés denuncias describen situaciones que alcanzaron a toda la población de un mismo establecimiento.
El preso político Florentino Morono Torres, recluido en la prisión provincial de Las Tunas, murió el 20 de septiembre en el Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara. Había sufrido un infarto en su celda dos días antes y no recibió atención médica oportuna, según el CDPC.
El preso común Reinier Ramírez Domínguez falleció en el hospital Calixto García, de La Habana, diecisiete días después de obtener una licencia extrapenal. Su estado de salud estaba ya “gravemente comprometido debido a la deficiente atención médica en prisión”, de acuerdo con el informe. Otros dos reclusos de la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, murieron por “la falta de alimentación y desnutrición grave”.
El documento identifica como víctimas más frecuentes a los detenidos por razones políticas, a quienes padecen enfermedades crónicas o infecciosas, como tuberculosis, diabetes, asma y psoriasis, y a las personas con VIH. El periodista independiente Henry Constantín, preso en Camagüey, figura entre quienes acumularon más eventos, junto con los presos políticos Roberto Pérez Fonseca y Vladimir Castillo Llanes, en Quivicán, y Ediolvis Marín Mora, en Kilo 7.
El informe recoge además represalias contra quienes protestan por las condiciones de reclusión: suspensión de visitas y llamadas, celdas de castigo y golpizas. El CDPC admite que sus cifras son “un subregistro de los eventos y víctimas reales” y lo atribuye a “la opacidad sistemática del régimen cubano”, que, según la ONG, no transparenta datos oficiales ni permite el acceso de observadores independientes.
El informe se suma a una serie que el centro documenta desde hace años. Entre marzo de 2024 y marzo de 2025 contabilizó 60 muertes en cárceles cubanas, 47 de ellas vinculadas a la salud física y mental de los reclusos y a la falta de atención médica oportuna. En ese período registró 1.330 violaciones de derechos, entre ellas 402 casos de negación de atención médica y 224 de deficiencias alimentarias.
En febrero de este año, el CDPC reclamó información oficial sobre el estado de salud de los internos de la prisión de alta seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila, donde según la organización se había producido un motín. No hay datos públicos disponibles de las autoridades cubanas sobre muertes bajo custodia.
El asunto se cruza con el de los presos políticos, categoría que La Habana no reconoce. Prisoners Defenders, con sede en Madrid, contabilizó 1.260 en abril. El 12 de marzo, la dictadura anunció la excarcelación anticipada de cincuenta y un reclusos como gesto hacia el Vaticano, y el 2 de abril, un indulto para 2.010 presos que presentó como humanitario. Prisoners Defenders sostuvo que solo veintisiete de los 51 liberados eran presos políticos.
