La diputada provincial Mayra Mendoza respondió a las críticas por la indumentaria que utilizó durante la sesión de la Legislatura bonaerense y vinculó la discusión con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto la sentencia que había frenado la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
La dirigente peronista había quedado en el centro de comentarios en redes sociales luego de que le tocara izar la bandera en el recinto con un pantalón deportivo Adidas, de colores azul y amarillo, asociado a Boca Juniors. Un día después, cuestionó que ese episodio concentrara la atención mientras se conocía una decisión judicial sobre el régimen de propiedad de tierras rurales.
“¿La Corte habilita la extranjerización de nuestras tierras y la noticia termina siendo la ropa que uso?”, planteó Mendoza en un mensaje publicado este miércoles. La legisladora afirmó que recibió agravios por su vestimenta y defendió tanto su identidad política como su elección de ropa.
“Uso Adidas desde joven. Soy de Boca. ¿Cuál es el delito?”, escribió, antes de pedir que el debate público se enfoque en las decisiones judiciales, la soberanía y el funcionamiento de las instituciones.
La polémica por la ropa se originó durante una sesión en Diputados
La discusión comenzó el martes, durante una sesión de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Mendoza, diputada por el peronismo e intendenta de Quilmes en uso de licencia, fue una de las personas designadas para el izamiento de la bandera.
Las imágenes de ese momento circularon en redes sociales y generaron cuestionamientos por el pantalón deportivo que llevaba puesto. La prenda, de la marca Adidas y con una combinación de azul y amarillo, fue interpretada por usuarios como una referencia a Boca Juniors, club del que la dirigente se reconoció simpatizante.
En su descargo, Mendoza sostuvo que los comentarios excedieron la crítica a la vestimenta y aludió a expresiones discriminatorias. “Creen que diciéndome ‘negra’ o ‘kuka’ me ofenden”, señaló. También pidió elevar el nivel de la discusión política: “La ropa se cambia. Los derechos, la democracia y la soberanía, si los dejamos avanzar, después cuesta muchísimo recuperarlos”.
El fallo dejó sin efecto la sentencia que protegía la Ley de Tierras
La publicación de Mendoza coincidió con el fallo de la Corte Suprema que revocó una decisión de la Cámara Federal de La Plata, la cual había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023. Ese artículo derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales.
La norma, sancionada en 2011, establecía límites y mecanismos de control sobre la adquisición, posesión y tenencia de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
El máximo tribunal dejó sin efecto el fallo de segunda instancia al considerar que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, que había promovido la demanda, no tenía legitimación para accionar en ese caso. La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del DNU, sino sobre la admisibilidad de la presentación judicial.
Como efecto de la resolución, volvió a quedar vigente la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el decreto del Gobierno nacional. El peronismo bonaerense intentó que la Cámara de Diputados expresara un repudio institucional a la decisión, pero la iniciativa no reunió los dos tercios necesarios.
Mendoza pidió discutir “a quiénes benefician” las decisiones judiciales
En su mensaje, la diputada cuestionó que la agenda pública se concentre en su ropa y no en las consecuencias de la decisión judicial. “Mientras discutimos la ropa de una persona, podemos estar dejando pasar debates muchísimo más importantes”, afirmó.
Mendoza sostuvo que la discusión debería apuntar a las resoluciones de la Justicia y a sus beneficiarios. “Prefiero que discutamos qué hacen, qué deciden y a quiénes benefician las decisiones de quienes tienen mayores responsabilidades en nuestro país”, expresó.
La polémica por su atuendo quedó así enlazada con la reacción del peronismo bonaerense ante el fallo sobre la Ley de Tierras Rurales, una norma que había fijado restricciones específicas para la propiedad extranjera de campos en la Argentina.
