Cuenta atrás para el voto del Decreto Maricarmen. Este viernes, el Congreso de los Diputados debatirá los dos textos sobre vivienda que el Consejo de Ministros aprobó este martes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está confiado en que salgan adelante. Quien no lo está tanto es Junts, y así lo ha hecho saber este miércoles en el Congreso.
Su portavoz, Miriam Nogueras, ha apuntado a los medios que se encontraban en los pasillos de las Cortes que su formación está “decepcionada y preocupada” por sendos textos, y ha evitado adelantar si darán luz verde a los decretos este viernes. “No tenemos posición ahora mismo”, ha señalado, antes de recordar que el texto tiene unas 200 páginas y que el partido continuará estudiándolo durante las próximas horas.
Las principales reticencias de Junts se concentran en dos cuestiones. Según Nogueras, los objetivos prioritarios del decreto debían ser “parar a los fondos buitre” y “proteger a las familias”, pero considera que ninguna de las dos metas queda garantizada con la redacción actual. “Este real decreto no para a los fondos buitre porque los fondos buitre pueden seguir comprando, y este real decreto tampoco protege a las familias”, ha criticado. La portavoz también ha cuestionado las consecuencias que podría tener el texto para algunos propietarios. Nogueras ha puesto como ejemplo el caso de una vivienda alquilada que su dueño quisiera dejar en herencia a un hijo y ha asegurado que, con la redacción actual, “el inquilino podría tener derecho a comprar ese piso antes de que su hijo pudiera heredarlo”.
Qué dicen los dos decretos
Fue apenas hace una semana cuando el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años residente en el distrito de Retiro que llevaba más de 70 en la misma casa, fue la gota que colmó el vaso ante la crisis de la vivienda que sufre España desde hace años, con unos precios que no paran de subir. La acampada instalada en la Puerta del Sol de Madrid desde este sábado ha recogido ese descontento, obligando al Gobierno a actuar en un plazo de 48 horas.
Este martes, el Consejo de Ministros aprobó dos reales decretos con medidas destinadas a reforzar la protección de los inquilinos, ampliar las garantías para las personas vulnerables y poner límites a algunas prácticas del mercado del alquiler. El primero, de 96 páginas, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pretende ampliar la oferta de vivienda asequible mediante un amplio paquete de medidas que incluye la suspensión de determinados desahucios hasta 2030, límites a las subidas del alquiler, restricciones a la compra especulativa de vivienda por parte de los fondos buitre. El segundo se publicará en el BOE este jueves e incluye la prórroga automática de los alquileres. Ambos textos se debatirán el mismo este viernes.
Las afirmaciones de Nogueras y los decretos
Esta tarde en los pasillos del Congreso, la portavoz de Junts ha criticado que, a diferencia de lo que prometía el Gobierno, el real decreto “no detiene los fondos buitre porque pueden seguir comprando”. Según el texto que aparece en el BOE, la nueva normativa impide hasta 2028 que los grandes tenedores amplíen su parque residencial mediante nuevas adquisiciones. En concreto, restringe las compras por un precio inferior al 70% de su valor de tasación de mercado, además de las adquisiciones a título gratuito, con varias excepciones.
“Desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el 31 de diciembre de 2028 toda entidad con o sin personalidad jurídica, que incluya en su objeto social la adquisición de inmuebles, tendrá limitada la adquisición de una vivienda, a título gratuito o a título oneroso por un precio inferior al 70% de su valor de tasación de mercado. La limitación afectará tanto a viviendas en estado de uso como de viviendas de edificios construidos sobre suelo de calificación residencial que cumplan los requisitos para obtener la cédula de habitabilidad, desde que dispongan de certificado de fin de obra”, recoge en el artículo 1.
Nogueras también ha advertido de que el decreto podría perjudicar a algunas familias al permitir que “un inquilino podría tener derecho a comprar un piso antes que su hijo”. Según el decreto, el derecho de adquisición preferente del arrendatario se activa “en caso de venta de la vivienda arrendada” y exige que exista una decisión de vender, un precio y unas condiciones de la operación.
