La senadora Esmeralda Hernández denunció una presunta irregularidad en la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027, luego de revisar los textos votados en el Senado y la Cámara de Representantes. Según la congresista, las dos corporaciones aprobaron versiones diferentes del artículo 65 del proyecto, una discrepancia que habría requerido una conciliación antes de remitir la iniciativa a sanción presidencial.
El señalamiento fue publicado en las redes sociales de Hernández, quien afirmó que encontró la diferencia junto con Lina García Sierra, defensora del Pueblo Regional de Bogotá. Posteriormente, ambas explicaron los detalles de su revisión en una entrevista con el periodista Daniel Coronell, en su programa El Reporte Coronell, donde también se discutieron los posibles efectos de la situación sobre la aprobación del presupuesto.
“¡Tumbamos el Presupuesto de Abelardo!”, escribió Hernández en sus redes sociales. En la misma publicación sostuvo que, por la rapidez con la que se desarrollaron las votaciones, el Congreso terminó aprobando textos distintos sin realizar la conciliación que, según su interpretación, exigía el procedimiento legislativo.
La controversia se conoció después de que la Cámara de Representantes aprobara el presupuesto durante la madrugada del martes 20 de octubre, fecha en la que vencía el plazo legal para completar su trámite en el Congreso.
El artículo 65, el punto central de la denuncia de Esmeralda Hernández
En el video difundido en sus redes sociales, Hernández explicó que la diferencia se encuentra en el artículo 65, relacionado con la estabilización de fondos frente a las fluctuaciones internacionales del petróleo y el valor de la gasolina.
Según su versión, durante la plenaria del Senado se aprobó el artículo en su redacción original, tal como aparecía en la ponencia. La congresista indicó que, durante la discusión, el senador Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático, retiró una proposición que buscaba modificarlo y decidió dejarla como constancia.
El propio senador manifestó durante la sesión: “Yo, como autor único de la proposición, la retiro y la dejo como constancia”.
Hernández sostuvo que esa decisión significaba que la modificación no había sido incorporada al texto aprobado por el Senado. Sin embargo, al revisar la versión votada en la Cámara de Representantes, ella y García encontraron que el artículo incluía la proposición y dos parágrafos adicionales.
“En Senado aprueban el texto original y en Cámara aprueban el texto con la proposición de Caicedo firmada por un representante de la Cámara y queda un texto distinto”, explicó la senadora durante la entrevista con Coronell.
La diferencia señalada no se refería, por tanto, a la totalidad del articulado, sino a una disposición específica cuya redacción habría cambiado entre las votaciones de las dos plenarias.
Por qué Hernández considera que era necesaria una conciliación
Durante El Reporte Coronell, la senadora explicó que, una vez identificada la discrepancia, debía establecerse un procedimiento para unificar el contenido aprobado por ambas corporaciones.
Hernández señaló que las reglas legislativas exigen una conciliación cuando el Senado y la Cámara de Representantes aprueban textos diferentes. Ese trámite permitiría acordar una versión definitiva que posteriormente pudiera remitirse para sanción presidencial.
En la entrevista, Daniel Coronell le preguntó si las normas aprobadas por las dos cámaras eran distintas. La congresista respondió afirmativamente y reiteró que, a su juicio, la diferencia en el artículo 65 impedía considerar culminado el trámite legislativo.
La senadora también explicó que, debido a la hora en que terminó la votación en la Cámara, ya no había tiempo para completar el procedimiento dentro del plazo establecido.
“Se aprueba hoy a las tres y media de la mañana en Cámara, ya no les da el tiempo porque hubieran tenido que nombrar comisión conciliadora”, afirmó.
Según su interpretación, la conciliación debía convocarse y tramitarse antes del vencimiento del plazo legal, que correspondía al 20 de octubre. Por ello, consideró que la aprobación del presupuesto no había completado todas las etapas requeridas.
La Cámara defendió que los textos aprobados eran iguales
La denuncia de Hernández contrasta con la posición expresada durante el debate por John Édgar Pérez, representante de Cambio Radical y ponente coordinador del proyecto en la Cámara.
Durante la sesión, el congresista afirmó que no era necesaria una conciliación porque, según su postura, el texto aprobado por el Senado y el votado en la Cámara eran iguales.
En la discusión también anunció que se había radicado una proposición para que la Cámara de Representantes se adhiriera al texto aprobado por el Senado.
La plenaria de la Cámara finalmente aprobó el presupuesto con 96 votos por el sí y uno por el no. La votación se produjo en la madrugada del 20 de octubre.
La discrepancia entre la versión expuesta por Pérez y la revisión presentada por Hernández constituye el centro de la controversia: mientras el representante defendió que no se requería una conciliación, la senadora sostuvo que los documentos contenían diferencias que debían resolverse antes de completar el trámite.
Lina García advirtió sobre una posible demanda de inconstitucionalidad
Durante el video publicado en redes sociales, García afirmó que la revisión realizada junto con Hernández permitió identificar lo que consideran una falla en el procedimiento de aprobación.
La defensora del Pueblo Regional de Bogotá sostuvo que, si las dos cámaras aprobaron textos diferentes y no se realizó la conciliación correspondiente dentro del plazo, el proyecto no habría completado su trámite legislativo.
En la entrevista con Coronell, García fue consultada sobre si la diferencia afectaría únicamente el artículo 65 o la totalidad de la iniciativa.
“En realidad, lo que pasa es que tumba la legalidad de todo el proyecto de ley”, respondió. Según su interpretación, la ausencia de conciliación comprometería el trámite completo y dejaría sin fundamento jurídico la sanción presidencial.
García también advirtió que, si el Gobierno sancionaba el proyecto pese a la presunta irregularidad, presentaría una demanda de inconstitucionalidad junto con quienes respaldan la denuncia.
Estas declaraciones corresponden a la postura jurídica de García y Hernández. La denuncia no constituye por sí misma una decisión judicial que declare inválido el presupuesto.
Qué podría pasar con el Presupuesto General de la Nación
Hernández sostuvo que, si el Congreso no completó la aprobación del Presupuesto General de la Nación, el Gobierno podría acudir a un decreto. Sin embargo, indicó que esa alternativa tendría que basarse en el texto que hubiese quedado aprobado en el primer debate de las comisiones económicas conjuntas.
La senadora afirmó que, bajo esa hipótesis, habría que revisar las modificaciones incluidas durante los debates posteriores. Entre los temas mencionados en la entrevista está el recorte de recursos para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sobre el cual Hernández aseguró que se añadieron reducciones adicionales durante el trámite en las plenarias.
En la conversación participaron también el exministro del Interior Guillermo Rivera y la analista Karol Solís. Rivera consideró que, si el proyecto es sancionado, el debate podría llegar a la Corte Constitucional mediante una demanda contra la ley. También planteó que el Ejecutivo tendría la opción de objetar la iniciativa, aunque aclaró que esa decisión dependería del Gobierno.
Hernández, por su parte, señaló que antes de una eventual sanción deben intervenir las secretarías y las mesas directivas del Senado y la Cámara, que tendrían que certificar el cumplimiento del trámite legislativo y suscribir el texto que se enviaría a la Presidencia de la República.
El estado del proyecto dependerá de la revisión formal de los documentos aprobados por ambas corporaciones y de la decisión que adopten las autoridades del Congreso frente a la advertencia planteada sobre el artículo 65. La senadora anticipó que promoverá acciones judiciales si considera que el Presupuesto 2027 avanza sin haberse surtido la conciliación que, según su interpretación, exige la ley.
