Negarle la libertad condicional a Alyssa Bustamante fue la decisión que la Justicia de Misuri, Estados Unidos, tomó en el verano boreal de 2024. Quince años antes, el 21 de octubre de 2009, Bustamante había estrangulado, apuñalado y degollado a su vecina Elizabeth Olten, una nena de nueve años, en el pueblo de St. Martins. Tenía 15 años y, según confesó más tarde, lo hizo porque quería saber qué se sentía al matar a alguien.
El rechazo a su salida anticipada no fue un hecho aislado. Ese mismo año el gobernador de Misuri, Mike Parson, firmó una ley impulsada por la familia de la víctima que terminó de cerrar cualquier posibilidad de excarcelación para jóvenes condenados por homicidio en segundo grado. La norma llegó después de que la Corte Suprema de Estados Unidos, en un fallo de 2014, abriera una grieta legal que la propia Bustamante había intentado usar a su favor.
Patty Preiss, la madre de Elizabeth, le dio permiso aquella tarde de hace 17 años para ir a jugar con una vecina de seis años llamada Ema. Le pidió que volviera antes de que oscureciera y que llevara el celular, porque la nena le tenía miedo al bosque y a la noche. A las 18:30 Elizabeth no había regresado. Preiss empezó a llamarla al celular, pero el teléfono mandaba directo al contestador. A las 19 llamó a la policía.
En apenas quince minutos los agentes ya estaban en el barrio. Rastrearon la señal del celular y la ubicaron en el bosque que separaba la casa de los Olten de la de los vecinos, pero no pudieron precisar el punto exacto antes de que se agotara la batería.
Esa misma noche se sumaron bomberos, y al día siguiente, el FBI, perros adiestrados y buzos que revisaron los lagos de la zona. El sheriff del condado de Cole, Greg White, recibió el 23 de octubre un dato que llevó a los investigadores hasta una sospechosa de 15 años: Alyssa Bustamante, en cuya casa se creía que Elizabeth había estado jugando antes de desaparecer.
Los investigadores entraron al dormitorio de Bustamante con una orden judicial y encontraron frases y dibujos hechos con sangre en las paredes. Uno decía: “Me corto para hacer físico lo que tengo dentro; me corto para ver sangre porque me gusta”, decían los textos. Pero lo más comprometedor fue su diario íntimo. En las anotaciones de la fecha del crimen había un párrafo tachado del que los peritos lograron rescatar dos palabras: “garganta” y “cortar”.
Cuando los forenses devolvieron el texto completo, lo que decía era contundente. “Acabo de matar a alguien. Lo he estrangulado y cortado la garganta y apuñalado, ahora está muerto”, escribió Bustamante. “No sé qué se siente en este momento. Fue increíble. Tan pronto como superás el ‘¿cómo puedo hacer esto?’ es bastante agradable”, agregó la adolescente en esas líneas, que un perito calígrafo leyó después ante el tribunal.
Apenas terminó de escribir esas líneas, Bustamante fue a su clase de danza en la iglesia local mientras un operativo de búsqueda enorme rastreaba el bosque en busca de la niña desparecida. Cuarenta y cinco horas después del crimen, condujo a la policía hasta la tumba donde había escondido el cuerpo.
El viernes previo al homicidio, es decir cuatro días antes, Bustamante había cavado dos pozos en el bosque, según se reconstruyó en el juicio. La fiscalía sostuvo que la joven esperó cerca de una semana en la escuela a que llegara el momento indicado.
Bustamante le pidió a su media hermana Ema, de seis años, que invitara a Elizabeth a jugar para atraerla hacia la zona. Una vez que las nenas estuvieron juntas, llamó a Elizabeth al celular y le propuso encontrarse en el bosque con la excusa de darle algo. Hizo que Ema se fuera y se quedó a solas con la nena. La golpeó en la cabeza por detrás, la inmovilizó sentada sobre su espalda y apretó su cuello hasta dejarla inconsciente. Después sacó una navaja del bolsillo de su pantalón y la apuñaló ocho veces en el pecho.
Para asegurarse de que estuviera muerta, le cortó las muñecas y le tajeó el cuello. Arrastró el cuerpo hasta uno de los pozos que había cavado y lo cubrió con piedras y ramas. Durante el interrogatorio, cuando un policía le preguntó si Elizabeth tendría el cuello cortado en caso de hallar el cuerpo, Bustamante respondió con una sola palabra: “Sí”.
Alyssa Bustamante nació en 1994, hija de dos adolescentes con problemas de adicción. Su madre, Michelle, se fue de su vida enseguida y acumuló después antecedentes por conducir alcoholizada y por tenencia de marihuana. Su padre, Caesar Bustamante, estuvo preso durante más de diez años por un asalto y cumplía, para la época del crimen, tres condenas simultáneas por agresión agravada. Desde los siete años, Alyssa y sus tres hermanos menores quedaron bajo la custodia de su abuela, Karen Brooke.
A los 13 años empezó a cortarse los brazos con una hojita de afeitar. En 2007 tuvo que ser internada de urgencia después de grabarse la palabra “odio” en el abdomen y tomar una sobredosis de un analgésico. Un psiquiatra le diagnosticó depresión y trastorno bipolar y le recetó Prozac, el antidepresivo que, según argumentó después su defensa, pudo haber potenciado su violencia. Acumuló más de 300 cicatrices de cortes en el cuerpo.
En las redes sociales usaba el alias OkamiKage y había escrito frases como “me gusta cortarme y matar gente”. Subió incluso un video en el que convencía a dos de sus hermanos mellizos de tocar un alambrado eléctrico para ganado mientras se reía de fondo.
A una amiga, Jennifer Meyer, le había confesado semanas antes del crimen que quería saber qué se sentía al matar a alguien. “Yo creí que estaba enojada con algunos de sus amigos, pero era extraño”, declaró Meyer.
El 18 de noviembre de 2009 un juez decidió que Bustamante sería juzgada como adulta por la brutalidad del crimen. Meses más tarde, la jueza Patricia Joyce descartó parte de la confesión original porque un oficial de menores había usado “tácticas engañosas” durante el interrogatorio.
Ese revés para la fiscalía fue uno de los factores que facilitaron el acuerdo con los acusadores. En enero de 2012 Bustamante se declaró culpable de homicidio en segundo grado y acción criminal armada, y evitó así un juicio por homicidio en primer grado que podía dejarla sin posibilidad de libertad.
Su abogado, Charlie Moreland, explicó que la joven “quería hacerse responsable” del crimen. El fiscal Mark Richardson pidió una condena más larga y remarcó ante el tribunal que Bustamante había cavado los dos pozos con anticipación y había usado a su hermana menor como señuelo.
En la audiencia, cuando la jueza le pidió que describiera lo que había hecho, Bustamante respondió con voz firme: “La estrangulé y la apuñalé en el pecho”. Cuando le preguntaron si también le había cortado la garganta, contestó: “Sí”.
Antes de conocer la pena, Bustamante se dirigió a la familia de Elizabeth. “Sé que las palabras nunca van a ser suficientes para describir lo horrible que me siento. Si pudiera dar mi vida para traerla de vuelta, lo haría. Lo siento”, dijo con las manos esposadas.
Patty Preiss no le respondió. Había calificado a la acusada como “un monstruo diabólico” en una audiencia y permaneció en silencio mientras escuchaba la disculpa.
El 8 de febrero de 2012 la jueza Joyce condenó a Bustamante a prisión perpetua con posibilidad de libertad condicional recién después de cumplir 35 años y 5 meses de cárcel. La condenada debía además cumplir el 85% de esa pena antes de poder pedir la salida. Fue trasladada a una cárcel de máxima seguridad para mujeres.
Bustamante nunca mostró arrepentimiento en prisión y se negó a recibir tratamiento psicológico porque, según sus propias palabras, se consideraba una persona “normal”. En 2017 llegó a un acuerdo con la madre de Elizabeth para pagarle una indemnización de 5 millones de dólares, aunque no trascendió de dónde saldría ese dinero. En 2021 su abogado, Gary Brotherton, pidió que se anulara su declaración de culpabilidad. El pedido no prosperó.
Ese mismo año, la Legislatura de Misuri aprobó una ley que excluyó a los condenados por homicidio en primer grado del beneficio que un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos había habilitado en 2014. Aquel fallo, votado 5 a 4, había establecido que ningún menor de edad podía recibir una condena a perpetua sin posibilidad de salida, ni siquiera por homicidio.
Bustamante, condenada por homicidio en segundo grado, quedó al margen de esa restricción de 2021 y mantuvo abierta la puerta a una eventual libertad condicional. Esa puerta se cerró en 2024, cuando el gobernador Mike Parson amplió la ley para incluir también a los condenados por homicidio en segundo grado siendo menores.
La familia de Elizabeth había impulsado ese cambio legislativo. En un comunicado difundido tras la sentencia de 2012, los familiares de la nena habían descripto lo que perdieron: “El mundo perdió a una nena inocente que soñaba con ser maestra y veterinaria”, señalaron.
