La Paz, 28 sep (EFE).- El Legislativo de Bolivia solicitó este lunes a la Cancillería que pida información al Departamento de Estado de EE.UU. sobre sus acusaciones de presunta corrupción contra el fiscal general boliviano, Roger Mariaca, por las que esa nación le revocó el visado junto a otros funcionarios y exfuncionarios.
El presidente del Senado, Diego Ávila, anunció que, junto al titular de la cámara baja, Roberto Castro, hicieron una solicitud al Ministerio de Exteriores para que, «por los canales diplomáticos correspondientes, gestione ante el secretario de Estado de Estados Unidos toda la información oficial disponible sobre estos señalamientos» contra Mariaca.
«Necesitamos conocer su alcance y contar con los documentos y antecedentes que puedan ser proporcionados al Estado boliviano», sostuvo Ávila en una declaración a los medios ofrecida junto a Castro.
El senador oficialista señaló que las acusaciones hechas desde EE.UU. contra el fiscal general y otros funcionarios y exfuncionarios «exigen una respuesta seria» y que la «gravedad de estos señalamientos obliga a actuar con prontitud, pero también con responsabilidad».
«Una denuncia no es una sentencia y ningún ciudadano puede ser condenado sin pruebas», indicó Ávila y agregó que se pidió al vicepresidente del país y titular del Legislativo, Edmand Lara, que convoque «con carácter de urgencia» a una sesión parlamentaria para abordar este asunto.
También consideró «necesario» que Mariaca «se aparte del ejercicio de sus funciones» mientras se aclaren las acusaciones en su contra, «en resguardo de la institucionalidad democrática, la independencia, la justicia y la transparencia de las investigaciones».
A su turno, el presidente de la Cámara de Diputados señaló que una vez que la Cancillería obtenga la información solicitada a EE.UU., «corresponde que sea puesta en conocimiento de las instancias competentes y que se determine con transparencia las actuaciones legales y parlamentarias que procedan».
«Si se comprueban delitos, deben establecerse las responsabilidades y aplicarse las sanciones previstas por ley. Si los señalamientos no tienen sustento, corresponde aclararlo igualmente ante el país», manifestó Castro.
El Gobierno de Donald Trump revocó este lunes los visados de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de «corruptos» y de «socavar gobiernos elegidos democráticamente».
Bolivia es el país con más ciudadanos sancionados en una lista publicada por el Departamento de Estado estadounidense en las que se mencionan trece cargos o excargos y un empresario con nombres y apellidos, entre ellos al fiscal Mariaca, el exministro de Justicia Iván Lima y el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero.
La orden restringe el acceso a Estados Unidos a la mayoría de estos ciudadanos y de sus familiares directos en virtud de la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad al considerar que «atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en la región».
En el caso de Mariaca, aplica la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional «por su participación en casos de corrupción graves».
Según el comunicado del Departamento de Estado, las acciones de Mariaca «ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer». EFE
