El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia revocó la resolución que declaraba a la Amazonía como reserva definitiva de recursos naturales renovables, al considerar que fue expedida sin concluir la consulta previa con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras potencialmente afectadas.
La decisión elimina las restricciones específicas que la norma imponía a nuevas actividades mineras y de hidrocarburos, aunque el Gobierno sostiene que permanecen vigentes otras salvaguardas ambientales y judiciales.
La Resolución 0961, firmada el 4 de agosto de 2026, abarcaba 483.283,55 km², equivalentes al 42,3% del territorio continental colombiano. Comprendía áreas de Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés, Meta, Vichada, Cauca y Nariño.
La medida impedía otorgar nuevas concesiones o títulos mineros, celebrar contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y emitir nuevas licencias, permisos o autorizaciones ambientales para esas actividades. Los proyectos que ya contaban con título minero, programa de trabajos aprobado y licencia ambiental vigente podían continuar hasta el vencimiento de sus contratos, sin posibilidad de prórroga.
También mantenía los trámites ya iniciados para la formalización de pequeña minería tradicional y artesanal. Sus restricciones no alcanzaban a actividades agrícolas, pecuarias ni a obras de infraestructura pública ajenas a la minería y al petróleo, y preservaban la autonomía de los pueblos indígenas sobre el uso de sus recursos.
La consulta inconclusa con comunidades negras
La cartera ambiental determinó que el procedimiento de consulta con las comunidades negras no había finalizado cuando se firmó la resolución. Aunque hubo encuentros en Villagarzón, Putumayo, durante julio de 2026, las partes no lograron acordar una ruta metodológica para continuar el proceso.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible vinculó esa omisión con el artículo 46 de la Ley 1437 de 2011, que establece la nulidad de las decisiones administrativas adoptadas sin consulta previa cuando la Constitución o la ley la exigen. El Gobierno consideró que la expedición de la norma afectó garantías de debido proceso, igualdad de trato y participación étnica.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, afirmó que la norma fue expedida “a último minuto” por la administración anterior y cuestionó sus efectos sobre las comunidades locales. “La Resolución 0961 no garantizaba, por sí sola, la protección efectiva del bioma amazónico. Por el contrario, generaba incertidumbre económica y territorial sin ofrecer alternativas concretas a quienes habitan la región y son, precisamente, los principales aliados de la conservación”, sostuvo.
Arjona añadió que “sacar resoluciones no resuelve los problemas de ningún territorio” cuando existen defectos en su trámite. Para el funcionario, la deforestación, la minería ilegal, el acaparamiento de tierras y otras economías criminales requieren control territorial, seguridad, recursos, presencia institucional y alternativas productivas sostenibles.
Las protecciones que el Gobierno asegura mantener
La revocatoria no implica, según el Ministerio, que la Amazonía colombiana quede sin protección. La Reserva Forestal establecida por la Ley 2.ª de 1959, las declaratorias de Parques Nacionales Naturales, la Ley de Delitos Ambientales y las decisiones de la Corte Suprema de Justicia que reconocen a la región como sujeto de derechos continúan vigentes.
La exministra de Ambiente, Irene Vélez, quien aprobó la resolución antes de dejar el Gobierno de Gustavo Petro, cuestionó la decisión en su cuenta de X. “El nefasto gobierno de Colombia le da la espalda a la Amazonía”, escribió, y advirtió que el propósito sería “apropiarse de las tierras raras”.
Vélez defendió el valor ambiental de la región y su relación con el abastecimiento de agua. “La Amazonía es sumidero de carbono, su deforestación aumenta las emisiones capturadas de CO2 en la selva y su conectividad con los Andes es la única garantía para sostener el ciclo hídrico de los ríos voladores que abastecen de agua a Bogotá”, afirmó.
La ONG International Crisis Group advirtió en mayo que la construcción de carreteras ilegales y la expansión ganadera avanzaron en la Amazonía colombiana desde la desmovilización de las FARC en 2016, en medio de disputas entre nuevos actores criminales.
Esas redes pueden intervenir al mismo tiempo en narcotráfico, minería ilegal, tráfico de fauna y deforestación mediante rutas, estructuras financieras y sistemas de corrupción compartidos.
Demanda contra la revocatoria de la reserva amazónica
La organización Derecho Vivo presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la Resolución 1405 de 2026, mediante la cual el Ministerio de Ambiente revocó una reserva de 48,3 millones de hectáreas en la Amazonía colombiana.
La acción busca restablecer las restricciones a nuevas concesiones mineras, licencias ambientales y contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. La organización sostuvo que la medida dejó sin protección ambiental definida al 26% del territorio amazónico y advirtió sobre la existencia de áreas con distintos niveles de restricción frente a la minería.
La demanda cuestionó los argumentos del Ministerio, que atribuyó la revocatoria a la falta de conclusión de la consulta previa con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Según Derecho Vivo, la reserva ya contemplaba salvaguardas para esos territorios y procesos mientras avanzaba la consulta.
El demandante también afirmó que los pueblos indígenas habían acordado aspectos de la medida en julio de 2026 y no fueron consultados antes de su retiro.
El ministro Fabio Arjona defendió una política ambiental distinta y sostuvo que la Amazonía necesita “una política integral de protección, construida con rigor técnico, seguridad jurídica y participación territorial”, mientras que la exministra Irene Vélez respaldó la reserva original.
La acción expuso siete posibles irregularidades, entre ellas el desconocimiento de los principios de prevención y no regresión ambiental, problemas en la aplicación de las reglas sobre revocatoria directa y la falta de publicación del proyecto para recibir comentarios ciudadanos.
Además, pidió suspender provisionalmente la resolución y reactivar la reserva para impedir nuevas solicitudes mineras o procedimientos relacionados con hidrocarburos. Morantes resumió el planteo al afirmar: “Una consulta previa pendiente se termina; no se usa de excusa para abrir media Colombia a la minería y a los hidrocarburos”. El Consejo de Estado todavía no resolvió la demanda ni la solicitud cautelar.
