El Gobierno de Colombia presentó la Ley de Rescate Económico para enfrentar un deterioro de las finanzas públicas que, sin nuevas decisiones, podría volver impagable la deuda del Gobierno central en el corto plazo y derivar en efectos sociales y económicos para la población.
El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, sostuvo que la iniciativa busca evitar la quiebra del país, la pérdida de 360.000 empleos y una recesión. “Arreglar hoy es mejor que quebrar mañana. El gobierno anterior nos dejó una bomba de tiempo, y por eso presentamos la Ley de Rescate Económico para salvar a Colombia de la quiebra, de perder 360.000 empleos y de entrar en recesión”, sostuvo en rueda de prensa.
Cerca del 70% del ajuste fiscal previsto recaería sobre el Estado colombiano. El proyecto plantea reducir 50% el gasto en contratos de prestación de servicios y recortar 20% los gastos de funcionamiento.
Además, prevé racionalizar las compras públicas y revisar más de 250 transferencias y 50 fondos públicos. El Gobierno considera que estos mecanismos fragmentan el gasto operativo, reducen su eficiencia y abren posibilidades de corrupción y derroche.
La reforma no elevaría la tarifa general del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se mantendría en 19%, pero eliminaría tratamientos preferenciales y extendería el tributo a productos, servicios y operaciones que hoy no están gravados. Ese apartado de la propuesta generó polémica en todo el país.
Sobre la propuesta, que abrió el debate en varios sectores del país, Juan Sebastián Betancur, viceministro técnico de Hacienda, señaló en un video que la Ley de Rescate no aumentará el IVA.
“No es cierto que con esta ley de rescate aumente la carga de IVA para el colombiano de a pie. Diecinueve millones de colombianos que tienen un nivel bajo de ingresos, que históricamente han pagado en promedio ciento treinta y ocho mil pesos al mes por IVA, con esta ley de rescate les devolveremos todo ese recurso”, expuso.
El alto funcionario señaló que la iniciativa propone devolver la totalidad del impuesto al valor agregado, IVA, a 19 millones de personas. Incluso, mencionó que los productos de la canasta familiar no van a verse afectados por el articulado que deberá ser discutido en el Legislativo.
“Y en general, dos de cada tres colombianos, es decir, treinta y cinco millones de colombianos, no asumirán una carga de IVA adicional a la que hoy ya asumen. La canasta básica está fuera de esta discusión. Ni los alimentos esenciales, ni los servicios o bienes relacionados con la salud o con la educación harán parte de esta reforma”, concluyó Betancur.
Congresistas reaccionaron a la propuesta del Gobierno nacional
Las medidas tributarias, las facultades que otorgaría al Ejecutivo y los cambios previstos en la administración pública incluidas en el proyecto generaron posiciones divididas.
El senador Christian Garcés respaldó la reducción del gasto ineficiente, la reorganización de ministerios y entidades, la disminución de la tarifa de renta empresarial y las medidas para promover la inversión y proteger el empleo. También cuestionó el aumento del IVA para la medicina prepagada, que pasaría de 5% a 19%.
Por su parte, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas apoyó la presentación del proyecto y sostuvo en X que representa un paso para enfrentar la situación fiscal. Entre sus elementos destacó un recorte de $40 billones en el gasto público y un aumento del recaudo.
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, afirmó que garantizará un debate amplio, plural y con garantías para todos los sectores. Aunque consideró necesario reducir el tamaño del Estado para hacerlo más eficiente, advirtió que el ajuste no debe traducirse en mayores impuestos para los colombianos.
Bajo su criterio, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, defendió un Estado pequeño, austero y limitado, con bajos impuestos. Dijo que los ciudadanos esperan una reducción de sus obligaciones tributarias y no nuevos gravámenes, mientras que el senador Andrés Forero anunció que respaldará la reducción del gasto, la disminución del tamaño del Estado y la eliminación o fusión de entidades, pero no la mayoría de las disposiciones tributarias.
