Una cadena de transferencias, ocho presuntos intermediarios y depósitos que superarían el millón de dólares forman parte de la investigación que enfrenta Andrés Avelino Hurtado Grados, conocido como ‘Chibolín’. El Ministerio Público formalizó una investigación preparatoria contra el conductor de televisión, sus hijas Josetty y Génesis Hurtado, y su expareja María Luisa Huaytalla, conocida artísticamente como Marilú Montiel, por el presunto delito de lavado de activos agravado, en la modalidad de conversión y transferencia.
El caso comprende operaciones realizadas entre 2017 y 2024, periodo durante el cual, según la hipótesis fiscal, se habrían efectuado depósitos a favor de las tres mujeres mediante una cadena de personas que presuntamente actuaron como intermediarias. Las pesquisas buscan esclarecer la procedencia de los fondos, reconstruir el recorrido del dinero y determinar qué participación habría tenido cada uno de los investigados.
La resolución fiscal del 4 de septiembre detalla los montos que habrían recibido las familiares del presentador y su expareja. En conjunto, las operaciones bajo investigación ascienden a US$1.125.000, una cifra que concentra parte de las diligencias del Ministerio Público.
Fiscalía atribuye depósitos por más de un millón de dólares a las hijas y expareja de Andrés Hurtado
De acuerdo con la información consignada en el expediente, Josetty Hurtado habría recibido US$484.000, mientras que a su hermana Génesis Hurtado se le atribuyen depósitos por US$290.000. En el caso de Marilú Montiel, expareja del conductor de televisión, el monto investigado asciende a US$351.000.
La suma de estas cantidades alcanza los US$1.125.000 que la Fiscalía busca rastrear para establecer el origen de los recursos y las circunstancias en las que se habrían realizado las operaciones.
Los montos atribuidos a las hijas de Andrés Hurtado representan, en conjunto, US$774.000. El resto corresponde a los depósitos que, según la hipótesis fiscal, habrían sido destinados a Montiel.
Las pesquisas buscan determinar si estas transferencias formaron parte de una dinámica destinada a convertir o movilizar fondos de presunta procedencia ilícita. Para ello, el Ministerio Público deberá examinar las operaciones financieras, las declaraciones incorporadas al expediente y los posibles vínculos entre las personas que habrían entregado el dinero y quienes habrían recibido los depósitos.
¿Cómo se habrían realizado las transferencias investigadas?
Según la hipótesis del Ministerio Público, Andrés Hurtado habría dispuesto que trabajadores de su confianza recibieran dinero en efectivo de presunta procedencia ilícita y realizaran depósitos a favor de sus familiares y de su expareja.
Esta presunta modalidad de entrega y transferencia es uno de los puntos centrales de la investigación. Las autoridades buscan reconstruir cómo se habría movilizado el dinero, quiénes participaron en cada operación y si existieron instrucciones específicas para efectuar los depósitos.
El periodo investigado, comprendido entre 2017 y 2024, abarca varios años de operaciones que ahora deben ser analizadas para establecer si existe una conexión entre los fondos y los presuntos delitos señalados por la Fiscalía.
Un colaborador declaró que enviaba las constancias de los depósitos por WhatsApp
Entre los testimonios recogidos por la Fiscalía figura el de uno de los colaboradores que habría intervenido en las operaciones investigadas. Su declaración describe cómo se comunicaban los depósitos y de qué manera se informaba que las transferencias ya habían sido realizadas.
“Cuando yo realizaba las transferencias, le enviaba las evidencias del depósito al señor Andrés a través del WhatsApp y también le informábamos a sus hijas por WhatsApp que el depósito ya se había realizado”, declaró uno de los colaboradores.
El testimonio hace referencia a una comunicación directa con Andrés Hurtado y a avisos que también habrían sido enviados a sus hijas para informarles sobre la realización de los depósitos. Según lo declarado, las constancias de las operaciones se compartían mediante WhatsApp, una vía de comunicación que podría ayudar a reconstruir la secuencia de las transferencias investigadas.
La Fiscalía deberá contrastar esta declaración con los demás elementos del expediente para establecer qué operaciones se realizaron, quiénes participaron en ellas y qué alcance tuvieron las comunicaciones mencionadas por el colaborador.
Ocho presuntos intermediarios aparecen en el expediente fiscal
La investigación identifica a ocho personas que habrían intervenido como intermediarias en las operaciones cuestionadas. En el expediente figuran los nombres de Eduardo Romero, Carlos Pretel, Orangel Ortega, Gregorio Urbina, José Moro, Alberto Domínguez, Ténez Mesía y Rick Rabanal.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, estas personas habrían participado en depósitos realizados a favor de las familiares de Andrés Hurtado y de su expareja. Sus posibles intervenciones forman parte de las diligencias que buscan determinar cómo se distribuyeron los fondos y qué función habría cumplido cada una dentro de la cadena de transferencias.
La presencia de ocho presuntos intermediarios muestra la cantidad de personas cuyas actuaciones deberán ser esclarecidas durante el proceso. El Ministerio Público tendrá que precisar qué transacciones se atribuyen a cada una, qué instrucciones habrían recibido y si existe una relación entre los depósitos y el supuesto origen ilícito del dinero.
La investigación preparatoria permitirá reunir y contrastar los elementos necesarios para evaluar esas hipótesis. La inclusión de estas personas en el expediente no significa que su responsabilidad penal haya sido establecida.
Fiscalía solicita ocho meses de prisión preventiva para Andrés Hurtado
En paralelo con las diligencias sobre las transferencias, el Ministerio Público solicitó ocho meses de prisión preventiva para Andrés Hurtado, quien, según la información proporcionada, permanece recluido en el penal de Lurigancho.
La investigación preparatoria formalizada tiene como objetivo esclarecer los hechos, determinar la procedencia de los fondos y establecer si existen elementos suficientes para sustentar las imputaciones contra las personas comprendidas en el expediente.
En ese proceso, la Fiscalía deberá evaluar los depósitos atribuidos a Josetty y Génesis Hurtado y Marilú Montiel, las declaraciones de los presuntos intermediarios y las comunicaciones relacionadas con las operaciones. También tendrá que establecer si los fondos guardan relación con los presuntos delitos de corrupción de funcionarios, minería ilegal y tráfico ilícito de drogas que aparecen en la hipótesis fiscal.
Por ahora, la ruta de los US$1.125.000 y la presunta participación de ocho intermediarios constituyen los principales ejes de la investigación. Las diligencias buscan determinar cómo se realizaron los depósitos, de dónde procedía el dinero y qué grado de participación habría tenido cada persona involucrada.
