La Fiscalía General de la Nación notificó una nueva citación a la exconsejera presidencial Eva Ferrer Galcerán, que deberá comparecer el próximo miércoles 21 de octubre a las 9:00 a. m. a través de la plataforma virtual Teams, para una diligencia de declaración jurada.
El documento, fue firmado por Fanny Romero Henao, del grupo Anticorrupción del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con sede en Bogotá.
La citación se da en medio del proceso abierto tras una denuncia presentada por el representante a la Cámara Óscar Villamizar, del Centro Democrático, a raíz de unos audios en los que Ferrer formula señalamientos sobre presuntos delitos cometidos durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, de acuerdo con lo informado por Blu Radio.
Según precisó la fuente, esta diligencia no guarda relación con las acusaciones más recientes de la exfuncionaria contra Verónica Alcocer, expareja de Petro.
Antecedentes de inasistencias
Se trata de la cuarta convocatoria formal que recibe Ferrer por parte del ente investigador. Las citaciones anteriores, previstas para el 27 de agosto, el 29 de septiembre y el 14 de octubre, no se concretaron debido a la inasistencia de la exconsejera. En el formulario FPJ-35 se especifica que no es obligatorio que la citada asista acompañada de un abogado para esta diligencia.
El abogado de Ferrer, Jhony Batalla, explicó en declaraciones recogidas por medios colombianos que las ausencias previas respondieron a la falta de garantías de seguridad para su representada, que aseguró haber recibido amenazas tras la difusión pública de sus señalamientos. Ferrer no reside actualmente en Colombia y, según su defensa, permanece fuera del país desde poco después de la publicación de su entrevista con la revista Semana.
El origen de la investigación
El expediente a cargo de la Fiscalía 76 delegada para asuntos de corrupción se originó por la denuncia de Villamizar luego de que se conocieran unas grabaciones en las que Ferrer hace referencia a presuntas irregularidades durante la administración de Petro, entre ellas movimientos de dinero, tráfico de influencias y nombramientos en entidades estatales.
La indagación había comenzado a partir de audios revelados el 1 de agosto por la revista Semana, antes de que la exfuncionaria ampliara sus señalamientos en una entrevista posterior.
En esa segunda entrevista, publicada el 10 de octubre, Ferrer acusó a Alcocer de encabezar una presunta red dedicada al tráfico de dinero, drogas y armas, y la vinculó con el traslado de 2,5 millones de dólares desde Venezuela hacia Colombia en un vuelo oficial realizado en enero de 2023.
Estas declaraciones motivaron una indagación distinta, que la Fiscalía ha mantenido abierta de forma paralela, aunque la citación del 21 de octubre corresponde, según la información disponible, al proceso derivado de la denuncia de Villamizar.
Las acusaciones que detonaron el escándalo
El proceso contra Alcocer se originó el 1 de agosto, cuando la revista Semana reveló audios de Ferrer en los que hablaba de una presunta red de corrupción en torno a la expareja de Petro. El 10 de octubre, la publicación amplió el caso con una entrevista en la que la exasesora describió a la exprimera dama como “la jefe de la banda” de una organización dedicada a actividades ilícitas.
En esa conversación, Ferrer afirmó que Alcocer habría utilizado aeronaves oficiales para viajar a Venezuela y que, en uno de esos desplazamientos, ocurrido en enero de 2023, regresó a Colombia con 2,5 millones de dólares. La exasesora también mencionó la existencia de fotografías en las que la exprimera dama descendería de un avión con maletas que, según su versión, contendrían droga. Agregó que el entorno cercano a Alcocer mantendría vínculos con el tráfico de armas.
Entre los señalamientos, Ferrer indicó que parte del dinero ingresado al país se habría destinado a financiar la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama, para la Gobernación de Sucre en las elecciones regionales de 2023.
También citó aportes no reportados de 250.000 euros atribuidos a Euclides Torres y de 50.000 euros atribuidos a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Según la exfuncionaria, Alcocer habría ejercido control sobre nueve entidades del Estado, entre ellas ProColombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ecopetrol, el Banco Agrario y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
