Madrid, 1 oct (EFE).- El Ministerio de Hacienda ha solicitado a la Comisión Europea activar la ayuda contemplada en el Fondo Europeo de Solidaridad (FSUE) para atender a los afectados por los incendios forestales de este verano en España y contribuir a paliar unos daños cuyo impacto directo en los territorios afectados se eleva a más de 3.500 millones de euros.
En un comunicado, el Ministerio de Hacienda informa hoy de que ha remitido una carta a la Comisión Europea con la solicitud formal, amparándose en «la excepcional gravedad de estas catástrofes».
Los fuegos de este verano han afectado a toda la geografía nacional, especialmente a Andalucía, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Aragón. Se han visto perjudicadas, sobre todo, áreas naturales y rurales, según la nota.
En su petición, el Gobierno recuerda que desde el 9 de julio de 2026, con el incendio de Los Gallardos en Almería, se han sucedido una serie de grandes incendios forestales de «extraordinaria magnitud», que han afectado a toda la geografía nacional.
El Ministerio ha recordado que estos fuegos se han desarrollado en un contexto meteorológico «excepcionalmente adverso, caracterizado por temperaturas persistentemente elevadas».
Este verano ha sido el más cálido registrado en España desde el inicio de la serie histórica en 1961 y se han producido sucesivos episodios de olas de calor.
En la misiva, el Ejecutivo ha recordado la «excepcional gravedad» de estas catástrofes, que, en algunos casos han causado la pérdida de vidas humanas, en concreto 16 fallecidos.
Entre los incendios destacan los de Los Gallardos (Almería), Orés–Cinco Villas (Zaragoza), La Mierla (Guadalajara), la sierra oeste de Madrid, Burgohondo y Navaluenga (Ávila), La Vall d’Uixó (Castellón) y Niebla (Huelva), que en conjunto afectaron -según estimaciones de EFFIS-Copernicus- a más de 170.000 hectáreas.
De hecho, alguno de estos fuegos, como el registrado en la sierra oeste de Madrid y el sur de Ávila motivó el 23 de julio de 2026 la primera declaración de emergencia de interés nacional por incendio forestal de la historia de España y la solicitud de asistencia a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.
Asimismo, estos incendios han ocasionado importantes daños ambientales, económicos y sociales en espacios forestales, explotaciones agrarias, infraestructuras y numerosas poblaciones, y obligaron a evacuar o confinar a decenas de miles de personas.
En ese sentido, el impacto ha sido «muy significativo» en áreas naturales y rurales, lo que ha alterado el modo de vida de numerosos vecinos y «ha puesto en peligro ecosistemas decisivos» para la supervivencia de especies amenazadas.
En concreto, según describe el Ministerio de Hacienda en la carta, los daños directos ocasionados en las 14 regiones afectadas ascienden a 3.545,57 millones de euros, mientras que el coste estimado de las operaciones elegibles, conforme a la normativa comunitaria, ascendería a 190,68 millones de euros.
El Ministerio ha recordado que la magnitud de estos incendios obligó al despliegue y movilización de importantes recursos de emergencia y protección civil por parte de todas las administraciones públicas, tanto Gobierno central, como comunidades autónomas y ayuntamientos.
Todas han movilizado medios humanos, técnicos y financieros extraordinarios para proteger a la población, combatir los incendios y minimizar sus efectos, y han arbitrado numerosos recursos para hacer frente a las consecuencias de esta emergencia y garantizar la recuperación de las zonas siniestradas, así como la atención a la población afectada y la restauración de los servicios e infraestructuras dañadas.
Todo ello ha motivado la solicitud para que se movilice el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, instrumento que representa uno de los principales mecanismos de solidaridad de la Unión frente a las catástrofes naturales, al entender que concurren los requisitos exigidos para que se active, en la categoría de catástrofe natural regional. Asimismo, se ha solicitado el pago de un anticipo del citado Fondo.
El Gobierno de España en los últimos años ha venido solicitando la activación del FSUE para las diversas catástrofes naturales que el país ha sufrido.
Destacan la dana de octubre de 2024, que afectó especialmente a la provincia de Valencia, los graves incendios forestales registrados durante el verano de 2025, con fuerte impacto en Galicia y Castilla y León, y las borrascas de enero de 2026, que ocasionaron importantes daños en las comunidades autónomas de Extremadura y Andalucía.
Una vez realizada la solicitud la Comisión evaluará si se cumplen las condiciones para la intervención del fondo y determinará dentro de un plazo de seis semanas, a partir de la recepción de la solicitud, el importe de la contribución financiera de este mecanismo.
La decisión de movilizar estos recursos será adoptada conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo.
El objetivo del FSUE es complementar los esfuerzos de los Estados afectados por graves desastres naturales y emergencias graves. Para ello, cubre parte del gasto público destinado a las operaciones urgentes de primera necesidad y de recuperación.EFE
