Madrid, 26 sep (EFE).- La información de las más de 300 empresas que se habían inscrito en el registro de ‘lobbies’ nacional ya no es de acceso a la ciudadanía, tras la derogación del decreto que regulaba la actividad de esos grupos, y los profesionales del sector piden al Gobierno impulsar la aprobación de una ley para cubrir ese vacío.
La caída del registro es una de las consecuencias de la derogación en la Cámara Baja la semana pasada del decreto ley que buscaba regular la actividad de estos grupos y que estuvo en vigor menos de un mes.
Alojado antes en una página web abierta, el dominio se encuentra ya sin acceso. Tampoco está disponible el formulario de solicitud de inscripción para los ‘lobbies’ que alojaba la sede electrónica del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Desde esta entidad informan que habían sido 337 las empresas que se habían inscrito en el registro durante el periodo en el que estuvo en vigor el decreto.
Ahora toca esperar la resolución de archivo de los procedimientos de solicitud de inscripción y sobre la conservación de los correspondientes expedientes y documentos, conforme a la normativa vigente de protección de datos.
El decreto fue tumbado por PP, Vox y Junts, que recordaron al Gobierno que en el Congreso estaba en tramitación desde hace muchos meses un proyecto de ley similar.
Profesionales del sector reclaman a los partidos políticos que reactiven la negociación, una petición que ya han trasladado al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.
Así lo explica a EFE Carlos Parry, presidente de la Asociación de los Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), quien insiste en que es una «anomalía» que España no cuente con un registro nacional de ‘lobbies’ cuando sí lo hay en comunidades autónomas, ayuntamientos o en la Unión Europea.
«En Cataluña hay un registro con 7.000 inscritos, lo hay en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento… es inaudito que cuando quieras ver quién habla con el Gobierno de España y quién les influye no lo podamos saber», lamenta.
Parry considera que el proyecto de ley es una buena oportunidad para lograr tener una legislación nacional y recuerda que, en el debate del decreto ley de la pasada semana, la mayoría de grupos se comprometieron a negociarlo y manifestaron su voluntad de aprobar una norma.
Los grupos, también el PP, rechazaron convalidar el decreto -según dijeron en el debate- por una cuestión de forma y no tanto de contenido. Precisaron entonces que no estaban de acuerdo con que el Ejecutivo eligiera la fórmula del real decreto, reservada a situaciones de emergencia.
«Del debate se entiende que había mayoría para sacar adelante una ley, nosotros vamos a seguir empujando para que se apruebe el proyecto de ley», asegura Parry.
Una opción que, aunque es compleja por la debilidad parlamentaria del Gobierno, es posible para los profesionales: «Se puede aprobar y lo pueden hacer rápido si quieren, hay tiempo hasta el final de legislatura». EFE
