La liberación de José David “N”, alias “El Güero Gym”, a cambio de tres agentes retenidos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, volvió a poner sobre la mesa una de las escenas más delicadas en temas de seguridad en México: cuando la presión armada obliga a las autoridades a ceder después de un operativo.
El episodio ocurrido este lunes en Totolapan ha recordado a especialistas e internautas al llamado Culiacanazo de octubre de 2019, cuando el gobierno federal ordenó liberar a Ovidio Guzmán López en medio de una ola de ataques y bloqueos del Cártel de Sinaloa.
Pero no es el único antecedente. En diciembre de 2022, en la selva Lacandona, Chiapas, el Ejército devolvió 100 kilos de cocaína decomisados a cambio de la liberación de 33 militares retenidos por hombres vinculados al narcotraficante Cabrero Segundo, alias “El Cabra”.
Aunque ocurrieron en circunstancias distintas, los tres episodios tienen un elemento en común: grupos armados utilizaron la retención de integrantes de las fuerzas de seguridad para presionar a las autoridades y recuperar algo que ya estaba bajo su control.
El Culiacanazo, el antecedente que marcó el precedente
El 17 de octubre de 2019, un grupo de élite de la Sedena y la Guardia Nacional detuvo a Ovidio Guzmán López en una casa en el fraccionamiento Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa, en cumplimiento de una orden de aprehensión con fines de extradición solicitada por Estados Unidos.
Diecisiete minutos después de la captura, los soldados pidieron a Guzmán persuadir a sus hermanos de detener la violencia que ya estallaba en la ciudad.
Esposado y sometido, Guzmán llamó a su hermano Iván Archivaldo Guzmán Salazar: “Paren todo el desmadre”, le dijo. Iván Archivaldo se negó y, según la reconstrucción de hechos realizado por medios y series documentales, amenazó al personal militar y a sus familias.
La reacción del Cártel de Sinaloa escaló con rapidez. Cientos de hombres armados tomaron las calles, incendiaron vehículos civiles y atacaron instalaciones militares en al menos cinco ubicaciones distintas: el Destacamento de El Fuerte, la Base de “El Sufragio”, las inmediaciones de la Novena Zona Militar, la caseta de peaje de Costa Rica y la Unidad Habitacional de la colonia 21 de Marzo, según el balance que Animal Político publicó un año después del hecho.
En Costa Rica, 150 sicarios retuvieron a 26 elementos militares que escoltaban autotanques, entre ellos dos oficiales. Otros 11 efectivos fueron capturados en ubicaciones adicionales, dos de ellos en el Crucero de Jesús María por 15 hombres armados. La BBC documentó, citando un informe oficial, que el crimen organizado tenía un plan explícito de intercambiar a esos soldados por la liberación de Guzmán.
Integrantes del cártel también liberaron a 55 reos del penal de Aguaruto durante los enfrentamientos.
A las 18:49 horas, el Gabinete de Seguridad ordenó, por mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el repliegue de las fuerzas armadas y la liberación del hijo de “El Chapo” Guzmán. Minutos después, el cártel dejó en libertad a los militares retenidos en Costa Rica.
La captura de Ovidio Guzmán se concretó finalmente en un segundo operativo el 5 de enero de 2023, en la comunidad de Jesús María, en Culiacán. Esta vez, las fuerzas federales lograron trasladarlo a la Ciudad de México y mantenerlo bajo custodia hasta su extradición a Estados Unidos, el 15 de septiembre de ese año.
En julio de 2025, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán se declaró culpable de cargos federales por narcotráfico en una corte de Chicago y aún espera sentencia, mientras coopera con las autoridades estadounidenses.
El intercambio de 33 soldados por cocaína en la selva Lacandona
Un caso con menos cobertura mediática pero con un mecanismo de canje todavía más explícito ocurrió el 15 de diciembre de 2022 en la selva Lacandona, Chiapas.
Una avioneta cargada de droga aterrizó en una pista clandestina cerca de Crucero San Javier; el Ejército desplegó dos helicópteros desde bases distintas y decomisó cinco fardos de cocaína de 20 kilos cada uno, de acuerdo con la reconstrucción publicada por El País.
Esa misma noche, el narcotraficante Cabrero Segundo organizó la captura de 33 militares que participaron en el operativo. Los primeros en ser retenidos fueron seis soldados que viajaban con la única orden de llegar a Crucero San Javier por una alerta aérea; terminaron rodeados por una multitud creciente mientras “El Cabra” huía en un vehículo.
Horas más tarde, “El Cabra” regresó enfurecido en una camioneta GMC blanca, acompañado de su guardia personal. Según el reportaje, preguntó: “¿Sabes quién soy yo? Soy Cabrero Segundo, el famoso Cabra”, antes de golpear a los soldados retenidos. Algunos militares lograron escapar durante el caos y pasaron la noche refugiados en la selva.
Los soldados capturados fueron desarmados, desnudados y recluidos en una cárcel comunitaria conocida como “el chicle”. Mientras tanto, el general Erwin Solórzano, comandante de la 38ª Zona Militar con sede en Tenosique, Tabasco, sostuvo más de 50 llamadas telefónicas de negociación durante la noche, con cerca de 200 militares convocados para atender la crisis.
La propuesta de negociación fue siempre la misma: devolver los 100 kilos de cocaína decomisados a cambio de la liberación de los militares. El intercambio se concretó la mañana del 16 de diciembre en la zona arqueológica de Bonampak, a las 9:56 horas: un helicóptero del Ejército entregó los fardos, hombres de “El Cabra” verificaron que fuera cocaína y, de inmediato, soltaron a los soldados y les devolvieron sus armas.
“El Cabra” permaneció libre hasta el 28 de febrero de 2025, cuando agentes de Chiapas y Tabasco lo detuvieron en un operativo que también capturó a otras 25 personas, incluidos cinco elementos de la Policía Ecológica y un subdirector de la Policía Estatal Preventiva acusados de filtrar información al grupo criminal.
Totolapan repite el patrón con un canje reconocido en comunicado oficial
El lunes 12 de octubre, la Fiscalía General del Estado de Morelos detuvo a José David “N” en un operativo contra la extorsión encabezado por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal.
Integrantes de la célula “Pueblos Unidos” respondieron reteniendo a tres colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente, a quienes golpearon mientras exigían la entrega del detenido.
Los bloqueos se extendieron más allá de Totolapan hacia Tlayacapan, Oaxtepec y Atlatlahucan, con quema de neumáticos y vehículos policiales que afectaron la circulación en varios municipios.
La liberación de los tres agentes se concretó alrededor de las 19:35 horas, después de que las autoridades entregaran al detenido, según confirmó la propia Fiscalía en un comunicado oficial.
