Los crecientes asesinatos que hubo en Uruguay en el primer tramo del año tuvieron una característica: la incidencia de armas modificadas para tener un poder de fuego mayor es cada vez más grande.
En el primer semestre hubo 195 asesinatos en Uruguay, una cifra 6,6% superior en comparación al mismo período del año anterior.
El ministro del Interior, Carlos Negro, reconoció esta semana ante legisladores que las cifras de este año “no son tan convenientes” con las de 2025 y adjudico el problema a algo “estructural” que atraviesa Uruguay desde al menos 2018. Desde ese año, la tasa de homicidios supera los 10 homicidios por cada 100.000 habitantes (con la excepción de los años de pandemia).
Un alto porcentaje de los asesinatos se originan en “disputas y venganzas entre grupos criminales” y terminan provocando secuencias de violencia: “Comienzan, quizás varios años atrás, en un enfrentamiento de un grupo criminal contra el otro y en una serie de venganzas, retaliaciones –como quiera denominárselas– que siguen hasta el día de hoy”.
Estos problemas trascienden las administraciones de los partidos políticos: algunos problemas iniciaron durante la primera era del Frente Amplio, siguieron en la gestión de Luis Lacalle Pou y ahora continúan.
En Uruguay, hay 2.700 personas registradas en estructuras criminales que responden a una organización, un grupo, una banda o un clan familiar, según datos de la Policía. Se les llama así a cualquier forma de organización que es integrada por al menos tres personas o más y tienen algún grado de coordinación, permanencia o distribución.
Son 137 las estructuras criminales que están activas en Uruguay, pero hay otras 23 que actualmente no tienen actividad (y ahí se suman otras 600 personas).
Las armas modificadas
El crecimiento de los homicidios en el país está relacionado con el mayor poder de fuego de estas estructuras.
Los delincuentes cambian las armas para pasar de semiautomáticas a automáticas y así tener un poder de fuego mayor. La incidencia de esta tendencia es tal que se ve reflejada en los números: los crímenes utilizando estas pistolas Glock pasaron de 14 a 26. Lo que buscan estos criminales es poder disparar en ráfagas.
“Se está tornando, por lo menos en este último año, más frecuente el uso de armas automáticas o el uso de armas modificadas para disparar en ráfaga en los homicidios en Uruguay, particularmente en Montevideo y en Canelones. Estos homicidios, generalmente –como se podrán imaginar–, son aquellos que están relacionados con el tráfico de drogas o el conflicto criminal, y que se dan, particularmente –reitero– en Montevideo y en Canelones”, explicó el gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, ante parlamentarios.
Para hacer frente a este problema, el ministerio presentó esta semana una estrategia nacional para controlarlas, que incluye limitaciones y prohibición a las impresiones 3D.
Al presentar esta estrategia, Sanjurjo señaló que a todas las personas que trabajan tanto en el Ministerio del Interior como en el Ministerio de Defensa le “gustan las armas”. “De hecho, todos tenemos armas”, reconoció para “desterrar” la idea de que el gobierno busque desarmar a quienes tienen legalmente las armas.
Las autoridades han revelado que uno de los problemas es que hay una “constante y creciente” filtración de armas de fuego y municiones desde la Policía, las Fuerzas Armadas y el mercado legal hacia la ilegalidad.
En 2013, un 60% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego, una cifra que creció 10 puntos porcentuales en 2025. A su vez, según datos del Ministerio de Salud Pública sobre fallecidos por lesiones provocadas por armas de fuego por año, la cantidad aumentó por cuatro en los últimos 15 años.
Pero el uso de las armas de fuego no solo se refleja en los homicidios porque también hubo un aumento marcado de todos aquellos delitos que no ocasionan heridos ni homicidios. Estos aumentaron casi un 300% en 15 años e incluyen disparos, tráfico internacional, tráfico interno y porte.
“Esto no sucede solamente en Uruguay, sino en toda la región, y de alguna manera nos habla de cómo nuestra proliferación de armas –que, como dijo el ministro, es muy alta, sin duda la más alta de la región–, cuando se combina con mercados ilegales crecientes, con grupos criminales, con narcotráfico, crea una situación bastante explosiva, en la cual la letalidad de esos delitos aumenta rápidamente”, dijo Sanjurjo.
En 2024, el 80% de las armas incautadas en homicidios tenían el número de serie borrado. Por tanto, las autoridades no pueden saber de dónde viene.
Hay otro factor que se le debe sumar a este dato: Uruguay es el país de toda América Latina que tiene mayor porcentaje de suicidios cometidos con armas de fuego.
Otras tecnologías para matar
El 58% de los homicidios recientes en Uruguay se origina por conflictos entre grupos criminales, que disputan el control de ventas de drogas y buscan solucionar con la muerte problemas de deudas o traiciones, informó en el Parlamento la directora general de secretaría del Ministerio de Interior, Ana Sosa.
Según la jerarca, estos hechos no son aislados: hay un trasfondo de agresiones, amenazas y asesinatos previos, que marcan la dinámica entre los grupos criminales.
Hay, también, una especie de círculo vicioso: cada asesinato deriva en nuevas tensiones, habilita represalias y “aumenta ciclos de venganza” –en palabras de Sosa– porque cada grupo siente la necesidad de responder.
Los criminales apelan a estrategias, inteligencia y planificación para matar. Recurren a la tecnología de rastreo para seguir a una potencial víctima hasta consumar el ataque. Apelan, según han identificado las autoridades, al sicariato y a la “violencia letal como medio de iniciación para el ingreso a una organización”.
Desde el 2013, los homicidios por otros motivos tienden a la baja.
