Yasen Rojas Tábara, conocido como Chiquiplum, permanece bajo detención preliminar por su presunta participación en una organización criminal dedicada a extorsionar a transportistas de Lima Norte y el Callao. Aunque aseguró ante los agentes que únicamente trabajaba como cobrador de pasajes, las pesquisas policiales apuntan a que habría cumplido una función estratégica: conseguir información confidencial de las víctimas para facilitar amenazas contra ellas y sus familiares.
De acuerdo con Latina, la hipótesis fiscal señala que el investigado habría aprovechado su aparente labor en las combis para acercarse a los conductores, ganarse su confianza y recopilar datos sin despertar sospechas. No obstante, su supuesto papel dentro de la estructura delictiva habría estado relacionado con actividades informáticas ilícitas destinadas a identificar a quienes se resistían al pago de cupos.
Chiquiplum habría accedido a bases de datos privadas y estatales
Las autoridades atribuyen a Rojas Tábara la práctica del doxeo, una modalidad que consiste en recopilar y difundir información privada de una persona sin autorización, generalmente con fines de intimidación. Para ello, habría ingresado irregularmente a sistemas particulares y plataformas estatales, entre ellas las vinculadas con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso extraía fotografías, fichas personales y registros de los familiares de los transportistas amenazados. Estos elementos habrían servido para intensificar las presiones, pues permitían demostrar que los integrantes de la banda conocían detalles del entorno cercano de sus víctimas.
El material obtenido presuntamente era entregado a José Blas Saavedra Llerena, alias Gordo Moy, señalado como el cabecilla de la organización, y a Antony Alexander Lizana Huatay, conocido como Tony, quien habría actuado como su lugarteniente. Ambos son vinculados con las acciones de amedrentamiento dirigidas contra trabajadores del sector.
Organización criminal habría extorsionado a más de 180 unidades
La estructura delictiva investigada habría mantenido bajo amenaza a más de 180 vehículos pertenecientes a diversas compañías de transporte, entre ellas Holding, Línea 21 y Lorito. Los conductores presuntamente recibían exigencias económicas para continuar con sus operaciones sin sufrir represalias.
Dentro de este esquema, los datos personales que habría conseguido Chiquiplum facilitaban labores de reglaje y el envío de mensajes intimidatorios. La exposición de información familiar constituiría un mecanismo adicional de presión para doblegar a los afectados y asegurar el cumplimiento de los pagos exigidos.
Según los detalles difundidos sobre el caso, las actividades atribuidas a esta agrupación habrían generado ingresos superiores al millón de soles mediante el cobro de cupos. Sin embargo, las responsabilidades individuales deberán establecerse a partir de las pruebas reunidas durante las diligencias fiscales y policiales.
Dirincri analiza evidencias digitales para esclarecer el caso
Otro aspecto mencionado en las pesquisas es la presunta relación del detenido con prácticas de santería. Antes de ejecutar sus supuestos ataques informáticos, Rojas Tábara se habría encomendado a una figura de duende, según la información difundida sobre el operativo. Este detalle forma parte de los elementos descritos en torno a su comportamiento, pero no constituye por sí mismo una prueba de responsabilidad penal.
Mientras tanto, la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) continúa examinando los peritajes digitales para determinar cómo se habrían obtenido los registros personales y de qué manera circulaban entre los integrantes de la banda. Las diligencias buscan establecer el alcance de los accesos irregulares, identificar las posibles fuentes de información y esclarecer los vínculos entre los investigados.
Por ahora, Rojas Tábara sostiene que únicamente se desempeñaba como cobrador de pasajes. La Policía, en cambio, mantiene la hipótesis de que habría actuado como proveedor de información sensible para los presuntos extorsionadores. Los resultados de las pericias y demás actuaciones permitirán determinar si tuvo la función que se le atribuye en las amenazas contra transportistas de Lima norte y el Callao.
