Un juez de Barrancabermeja ordenó el embargo de las cuentas bancarias del Pacto Histórico dentro de un proceso por un préstamo de $450 millones que, según la demandante, fue entregado para la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y continúa pendiente de pago.
La medida había sido dirigida inicialmente contra Colombia Humana y contra Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial y expresidente de Ecopetrol. Tras la fusión de Colombia Humana con otras colectividades, sus responsabilidades jurídicas y administrativas pasaron al Pacto Histórico, según informó La Silla Vacía.
De acuerdo con la información conocida, la Cooperativa Confiar, donde estarían las principales cuentas de la organización política, deberá hacer efectivo el embargo.
Una empresaria reclama el pago del préstamo y los intereses
La demanda fue presentada por Bibiana Pérez, empresaria santandereana que reclama la devolución del dinero y los intereses correspondientes. Según los registros de campaña citados por el medio, el préstamo se realizó el 18 de mayo de 2022, pocos días antes de la primera vuelta presidencial.
Pérez sostiene que, cuatro años después de esa operación, la obligación no ha sido saldada. En actuaciones previas dentro del mismo expediente, el juzgado ordenó el embargo del salario de Roa y el secuestro de siete inmuebles que aparecen a su nombre.
La decisión contra el Pacto Histórico se conoce después de que Petro asumiera como líder político de la colectividad, tras una reunión interna en la que fue escogido por unanimidad.
Ricardo Roa enfrenta otro proceso por presuntos excesos en gastos electorales
El proceso penal se centra en la presunta violación de los límites de gasto en campañas electorales. La Fiscalía imputó a Roa en mayo de 2026, pues considera que, como gerente, tenía funciones de administración financiera, ordenación del gasto, control de la cuenta única y presentación de informes ante el CNE.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, la campaña habría superado el límite de gastos en aproximadamente $1.388 millones durante la primera vuelta y en cerca de $276 millones en la segunda. El monto analizado en este expediente es de alrededor de $1.664 millones.
Esta cifra no coincide con el total de la sanción administrativa del CNE porque los dos procesos tienen alcances diferentes: el CNE estudió infracciones electorales administrativas, que incluyeron financiación prohibida y omisiones de reporte, mientras que la Fiscalía delimitó hechos que podrían configurar un delito.
El exgerente no aceptó los cargos y se declaró inocente. La Fiscalía le atribuye responsabilidades en la administración de recursos, la autorización de gastos y la rendición de cuentas ante las autoridades electorales.
En agosto, el organismo radicó el escrito de acusación. Entre los rubros cuestionados figuran pagos por transporte, publicidad, alimentación, logística y actos de campaña.
La audiencia de acusación contra Roa está programada para el viernes 30 de octubre de 2026, a las 2:00 p. m., ante el Juzgado 11 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá. Roa no aceptó los cargos y ha defendido que el manejo financiero de la campaña fue riguroso. No existe una sentencia penal en su contra, por lo que conserva la presunción de inocencia.
Roa también enfrenta una investigación distinta por presunto tráfico de influencias, relacionada con la compra de un apartamento en Bogotá y un posible vínculo con contratos de Ecopetrol. Ese expediente no forma parte de la investigación por la campaña de 2022.
Mientras avanza el cobro judicial contra el Pacto Histórico, Ricardo Roa deberá comparecer ante el Juzgado 11 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, en la audiencia de acusación por el proceso relacionado con los topes de gasto. El exgerente ha rechazado los cargos y no existe una sentencia penal en su contra.
