El presidente de la Red de Sobrevivientes Perú y primer denunciante del extinto Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), José Enrique Escardó, pidió este martes que la selección de las víctimas de abusos eclesiásticos que se reunirán con el papa León XIV durante su próxima visita al país sea transparente y plural, al advertir del riesgo de que se excluya a las voces críticas con la Iglesia.
“Nos alegra que vaya a recibir a víctimas de abuso eclesial. Lo que no nos alegraría es que las filtren como hicieron en España. Las víctimas quieren cambios en la Iglesia católica, no fotos”, señaló en un mensaje difundido por la organización que preside en X.
Posteriormente, en diálogo con Infobae, consideró que la decisión de recibir a las víctimas responde a una “reacción al escándalo” y admitió que no cree que lo inviten al encuentro.
El pronunciamiento se produjo después de que el Vaticano confirmara que el pontífice se reunirá con víctimas de abusos cometidos por miembros del clero durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú, prevista del 6 al 17 de noviembre.
Escardó cuestionó los criterios para elegir a los asistentes y señaló al nuncio apostólico en Perú, Paolo Rocco Gualtieri, y al presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, como responsables de gestionar la selección. “Ambos (son) muy favorables al Sodalicio”, anotó.
También mencionó al empresario Raúl Diez Canseco, designado asesor ad honorem de alto nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores para la visita papal, quien condecoró con un doctorado honoris causa al cardenal Juan Luis Cipriani, sancionado por el Vaticano por una denuncia de pederastia.
“Esperamos que estos encuentros se traduzcan en acciones concretas, y no solo en gestos, que permitan construir caminos de sanación accesibles para todas las víctimas y garanticen que la Iglesia sea un lugar seguro y espiritualmente sano”, agregó Escardó.
En esta misma jornada, otro grupo, integrado por 75 víctimas pidió al Vaticano que facilite una reunión directa con representantes de los supervivientes y reclamó una reparación integral.
En una carta, denunciaron que, pese a la supresión del Sodalicio, su estructura económica continúa activa y señalaron que algunos bienes que tenían carácter eclesial han sido privatizados, en lugar de ponerse a disposición de la Santa Sede para contribuir a la reparación de las víctimas.
Además, pidieron explicaciones sobre la participación del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga en una operación vinculada al desarrollo de nuevos cementerios junto con la Asociación Civil San Juan Bautista, una de las entidades que relacionan con la estructura económica del Sodalicio.
Los supervivientes también cuestionaron que Ignacio Blanco Eguiluz, quien fue secretario del pederasta fundador Luis Fernando Figari durante 20 años, continúe impartiendo clases en la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación, en el distrito limeño de La Molina. Asimismo, denunciaron que el sacerdote Juan Carlos Rivva, acusado de abusos por varias víctimas, siga ejerciendo como párroco.
Por último, rechazaron la decisión de la Fiscalía de archivar el 5 de octubre la investigación sobre presuntos hechos de lavado de activos atribuidos a la Asociación Civil San Juan Bautista, una medida que, a su juicio, no ofrece “una respuesta suficiente a la gravedad de las cuestiones que deben esclarecerse”.
