La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que modificará el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios para que el aborto farmacológico entre dentro de las competencias de la atención primaria. Su equipo hará “todos los cambios necesarios” para que las mujeres logren interrumpir su embarazo sin necesidad de pasar por la atención especializada.
“Queremos que las mujeres elijan este método cuando sea de acuerdo a su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después”, ha expresado durante el acto ‘Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso’, organizado junto al Ministerio de Igualdad por el Día Mundial del Aborto.
La modificación del real decreto adaptará los requisitos de la interrupción voluntaria del embarazo para que pueda realizarse, de forma farmacológica, desde el centro de salud. Igualmente, se cambiará la ficha técnica de mifepristona, uno de los medicamentos utilizados para abortar y que actualmente solo puede utilizarse dentro del ámbito hospitalario. Además, actualizará la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente esta atención en Primaria.
El aborto, un proceso mayoritariamente privado
En 2024 se realizaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en España y, de ellas, 34.092 se practicaron mediante el método farmacológico. Se trata de la fórmula menos invasiva, pues consiste en la administración de medicamentos que interrumpen la gestación. Es, además, el método más empleado en la sanidad pública, con 21.320 procedimientos.
No obstante, el aborto continúa relegado casi al completo a la práctica privada. En 2024, ocho de cada diez interrupciones se hicieron en clínicas privadas. En estos espacios, triunfa el método quirúrgico, sobre todo los extrahospitalarios, donde se concentraron más de 63.000 intervenciones durante 2024.
La ministra ha recordado a las comunidades que “tienen la obligación de garantizar” el derecho al aborto. La interrupción voluntaria del embarazo tiene una implantación desigual por todo el territorio, con regiones como Cantabria, en la que la sanidad pública cubre el 81%, y regiones como Madrid, en la que los centros privados realizan más del 99% de las intervenciones.
Esta comunidad autónoma ha protagonizado un choque contra el Ministerio de Sanidad en esta materia, al rechazar avanzar en el registro de objetores de conciencia. Desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso han considerado esta medida como una “lista negra” en varias ocasiones, si bien se vieron forzados por una decisión judicial a iniciar los trámites para crearlo en abril. Desde entonces, el proceso no se ha desarrollado, tal y como denunció García la semana pasada.
“La objeción de conciencia debe organizarse para que las mujeres reciban atención y ningún perjuicio periódico puede servir de excusa para bloquearla”, ha subrayado García este lunes.
Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha insistido en la necesidad de blindar el aborto en la Constitución ante la “ola reaccionaria” que ha llegado a España de la mano de los gobiernos autonómicos de PP y Vox. “Podemos encontrarnos, igual que en Estados Unidos, que haya comunidades autónomas que decidan legislar reduciendo o acortando el derecho y la libertad de las mujeres”, ha concluido.
