Audomaro Martínez Zapata, militar mexicano en retiro y quien dirigió el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, firmó en septiembre de 2024 una resolución para mantener bajo reserva su declaración patrimonial por cinco años, por lo que sus bienes no podrán consultarse públicamente hasta 2029.
Martínez Zapata nació en Cunduacán, Tabasco, y desarrolló su carrera dentro del Ejército.
Antes de encabezar el CNI, fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco entre 2013 y 2015. Posteriormente, el 1 de diciembre de 2018 asumió la dirección del Centro Nacional de Inteligencia, cargo que ocupó hasta el 30 de septiembre de 2024.
La medida fue tomada en septiembre de 2024, pocos días antes de que concluyera el sexenio anterior, y también contempla al personal de la institución.
Audomaro Martínez firmó la reserva tres días antes del fin del sexenio de AMLO
De acuerdo con una investigación de El Universal, la resolución CNI/CT/080/24/01 establece que la información patrimonial no podrá consultarse públicamente a través de Declaranet ni del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) durante el periodo determinado.
La resolución fue suscrita personalmente por Martínez Zapata el 27 de septiembre de 2024, es decir, tres días antes de que terminara formalmente el gobierno de López Obrador.
El documento señala que la información patrimonial de quienes laboraban en el CNI debía mantenerse reservada durante cinco años.
Bajo ese criterio, los datos correspondientes al patrimonio del general en retiro y de los demás servidores públicos incluidos en la resolución permanecerán fuera de consulta pública hasta septiembre de 2029.
Entre los argumentos utilizados por el CNI se encuentra la posibilidad de que grupos delictivos puedan identificar a funcionarios mediante sus declaraciones patrimoniales y posteriormente amenazarlos o extorsionarlos para obtener información considerada sensible.
La resolución también sostiene que la divulgación de esos datos podría proporcionar elementos para afectar las capacidades operativas del Centro Nacional de Inteligencia y, con ello, las acciones del Estado mexicano frente a amenazas a la seguridad nacional.
En el documento se mencionan, entre otros puntos:
La existencia de un supuesto “riesgo real” para la vida y libertad de los servidores públicos y sus familiares. La posibilidad de que grupos delictivos utilicen la información para identificar y coaccionar a funcionarios. El riesgo de que se intente obtener información privilegiada sobre operaciones del CNI. La posibilidad de afectar las capacidades de investigación e inteligencia de la institución. La vigencia de la reserva hasta septiembre de 2029.
Excomisionados del INAI cuestionan la reserva del patrimonio
La decisión también generó cuestionamientos por parte de excomisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Adrián Alcalá Méndez, quien fue el último comisionado presidente del organismo, señaló que la legislación contempla excepciones relacionadas con información de seguridad, pero consideró que la justificación presentada debía precisar cuál es el riesgo concreto que representa divulgar los datos patrimoniales.
Alcalá también planteó que no sería suficiente argumentar que todas las personas que trabajan en el CNI realizan actividades vinculadas con la seguridad nacional para justificar automáticamente la reserva de sus declaraciones.
Por su parte, Julieta del Río Venegas, también excomisionada del INAI, sostuvo que pertenecer a una institución de seguridad no debería ser, por sí mismo, motivo para mantener reservada una declaración patrimonial completa.
La exfuncionaria recordó que las normas de transparencia contemplan la posibilidad de elaborar versiones públicas de documentos cuando contienen información que debe protegerse, sin que necesariamente se tenga que impedir el acceso a todo su contenido.
Señalamientos sobre huachicol fiscal rodean el caso de Audomaro Martínez
La reserva de la información patrimonial se conoce además en un contexto en el que el nombre de Martínez Zapata ha aparecido en señalamientos relacionados con una presunta red de huachicol fiscal.
La periodista Peniley Ramírez publicó en 2025 que existían investigaciones en curso para indagar posibles vínculos del exdirector del CNI con ese esquema. Los señalamientos no establecen por sí mismos una responsabilidad penal contra el general en retiro.
En enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre una posible comparecencia de Martínez Zapata por estos señalamientos.
La mandataria respondió que cualquier investigación o eventual proceso correspondía determinarlo a la Fiscalía General de la República (FGR).
Sheinbaum indicó entonces que no tenía conocimiento de una investigación en contra del exdirector del CNI y señaló que, en caso de existir, sería la Fiscalía la instancia encargada de informar sobre ella.
Ricardo Monreal afirma que Morena no protegerá a exfuncionarios
Tras conocerse la investigación sobre la reserva patrimonial, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que el partido no intervendrá para proteger a funcionarios o exservidores públicos que deban responder ante las autoridades.
El legislador sostuvo que cada persona debe responder por sus actos ante las instancias correspondientes y que serán el Ministerio Público y la Fiscalía quienes determinen, en su caso, el nivel de responsabilidad jurídica.
En contraste, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, cuestionó que Martínez Zapata mantenga reservada su información patrimonial y lo vinculó políticamente con señalamientos sobre corrupción y huachicol fiscal.
Estas afirmaciones corresponden a la postura expresada por el senador y no constituyen por sí mismas una determinación judicial.
Audomaro Martínez Zapata encabezó el Centro Nacional de Inteligencia durante el sexenio de López Obrador. Con la resolución firmada en septiembre de 2024, su declaración patrimonial permanecerá reservada junto con la del personal contemplado en el documento hasta septiembre de 2029.
