El PSOE y Sumar han registrado este martes en el Congreso una proposición de ley para regular por primera vez de forma integral el ejercicio profesional de la Criminología en España, reconocer sus funciones, ordenar el acceso a la profesión y exigir la colegiación para actuar ante juzgados y tribunales, además de crear un Consejo General de Colegios y un Registro Nacional de Criminología, entre otros puntos.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, pretende poner fin a la ausencia de una regulación estatal específica para una disciplina que cuenta con reconocimiento universitario, pero cuyo ejercicio profesional todavía carece de un marco normativo propio que genera inseguridad jurídica, dificultades de acceso al empleo público y privado y obstáculos para garantizar que quienes ejercen dispongan de la cualificación necesaria.
El texto fue registrado esta semana en la Cámara Baja en presencia del presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, el socialista Joaquín Martínez Salmerón, de los portavoces de PSOE y Sumar en la misma, Francisco Aranda y Enrique Santiago, entre otros diputados. Por parte de los colegios profesionales asistieron el vicedecano y el secretario del Colegio madrileño, Abel González y Ramón Chippirrás.
La proposición amplía la presentada hace unos meses por el Grupo de Sumar, al incorporar la fase técnica de los trabajos desarrollados por representantes de todos los Colegios Profesionales de Criminología de España en el marco de la Mesa constituida con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para avanzar en la regulación profesional de la disciplina, han señalado a Europa Press fuentes colegiales.
Además, han indicado que mantienen contactos con los diferentes grupos parlamentarios con el objetivo de alcanzar el máximo consenso posible durante la tramitación y lograr que la regulación profesional de la Criminología pueda ser aprobada por unanimidad.
TÍTULO UNIVERSITARIO PARA EJERCER
El texto establece que el ejercicio profesional de las funciones de la Criminología corresponderá a quienes dispongan de un título universitario oficial en Criminología o de un título extranjero homologado, una exigencia que será vinculante para los sectores público, privado y social y para las entidades que contraten profesionales para desarrollar estas funciones.
Entre las competencias que atribuye a los criminólogos figuran diseñar y ejecutar investigaciones sobre el fenómeno criminal, aplicar teorías criminológicas al comportamiento delictivo, diseñar y evaluar políticas de prevención del delito y de la victimización, atender y asesorar a víctimas, elaborar informes y dictámenes técnicos y participar en programas de tratamiento, reinserción y ejecución de medidas judiciales.
La proposición estructura además el ejercicio profesional en ámbitos como el análisis y la investigación criminológica, la prevención del delito y la seguridad, la ejecución penal, la reinserción y la justicia restaurativa, así como la atención a víctimas y la protección de personas especialmente vulnerables.
MÁS PRESENCIA EN LAS ADMINISTRACIONES
Igualmente, contempla que las administraciones públicas puedan incorporar la figura profesional del criminólogo en sus relaciones de puestos de trabajo y ofertas de empleo público cuando las competencias del puesto así lo requieran, mediante los procesos establecidos y de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Además, fija un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la norma para que las administraciones adopten las medidas necesarias para adaptar sus relaciones de puestos de trabajo a lo previsto en la futura ley.
También se impulsará la presencia de criminólogos en órganos consultivos, comisiones técnicas y órganos de evaluación y diseño de políticas públicas en ámbitos como la seguridad, la convivencia, la justicia, la protección de menores o la igualdad.
Otro de los puntos centrales de la proposición establece que la colegiación será obligatoria para los criminólogos que actúen ante juzgados y tribunales, con la excepción de quienes lo hagan al servicio de administraciones o entidades públicas por razón de dependencia funcional o laboral.
CONSEJO GENERAL Y REGISTRO NACIONAL
La proposición crea el Consejo General de Colegios de Criminología como órgano estatal de representación, coordinación y gobierno de la profesión, en el que se integrarán los colegios y aquellos que puedan constituirse posteriormente. Sus funciones serán la representación institucional de la profesión, la coordinación de los colegios territoriales, la unificación de las condiciones de colegiación y la fijación de los requisitos mínimos para ejercer la actividad pericial.
También se creará un Registro Nacional de Criminología, de acceso público, que recogerá a los profesionales habilitados conforme a la ley y será gestionado por el Consejo General en coordinación con las administraciones competentes.
La proposición establece igualmente el secreto profesional y la confidencialidad entre los deberes de los criminólogos y contempla la aprobación de un código deontológico obligatorio para los colegiados, junto con un régimen disciplinario y sancionador.
