El requerimiento atribuye al grupo una estructura transnacional liderada por Guillermo Rafael Boscán Bracho, con dos células operativas en el país. La acusación sostiene que la organización funcionó al menos desde 2019 hasta mayo de 2025 y movilizó más de 120 millones de pesos a través de cuentas bancarias, billeteras virtuales, remesas y operaciones en efectivo.
