La Unión Progresista de Fiscales (UPF) «valora positivamente» el anuncio realizado por el Gobierno sobre el «incremento necesario» de 200 nuevas plazas para la carrera fiscal en 2027 y pide que el reparto de estos profesionales «se realice con criterios objetivos, transparentes y vinculados a las necesidades reales de cada territorio».
En un comunicado, la asociación indica que esta convocatoria, junto a otras 500 plazas para la carrera judicial, «puede contribuir a mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia y a afrontar las importantes transformaciones organizativas y procesales que se están produciendo».
La asociación estima que la creación de 200 nuevas plazas fiscales y 500 judiciales que aprobó el Gobierno el martes constituye «una noticia positiva y una oportunidad importante para reforzar el Ministerio Fiscal».
Se trata, agrega, «de un incremento necesario y largamente reclamado», cuya distribución se tiene que realizar «con criterios objetivos, transparentes y vinculados a las necesidades reales de cada territorio, y que dichos criterios sean conocidos y explicados».
Y es que, según UPF, esta petición responde a su experiencia con anteriores incrementos de plantilla, en los que señala que han echado en falta «una mayor transparencia sobre los criterios utilizados para determinar la concreta distribución territorial de las nuevas plazas».
«PREOCUPANTE FALTA DE CORRESPONDENCIA» ENTRE JUECES Y FISCALES
«Creemos que una ampliación tan relevante como la anunciada constituye una buena oportunidad para avanzar en este ámbito y establecer criterios que permitan conocer y comprender las razones que justifican la creación de cada plaza», argumenta la asociación.
Los fiscales señalan que han observado en «numerosos partidos judiciales» una «preocupante falta de correspondencia entre la creación de nuevas plazas en los tribunales de instancia y el correlativo incremento de plazas en la carrera fiscal».
A su juicio, «toda ampliación de la planta judicial genera un aumento de actividad que repercute necesariamente sobre el Ministerio Fiscal», tales como nuevas vistas, guardias o señalamientos. «Por ello, la planificación de la planta judicial y fiscal no puede realizarse de manera aislada», remacha.
Por todo ello, la UPF considera «necesario que, en la determinación de las nuevas plazas, se tengan en cuenta las cargas reales de trabajo, la evolución de los procedimientos, las necesidades derivadas de las nuevas estructuras judiciales, la situación de las plantillas existentes y las particularidades de cada territorio y especialidad».
