La regularización extraordinaria de personas migrantes en España, aprobada por el PSOE y Podemos para permitir que quienes ya residían en el país accedieran a permisos de residencia y trabajo, ha avanzado durante el verano, aunque con demoras importantes y obstáculos en diferentes etapas, según denuncia el movimiento Regularización Ya, que recuerda que miles de solicitantes aún esperan respuesta y siguen pendientes de una resolución favorable, que les permitiría mejorar sus oportunidades y acceder a derechos básicos. Como el plazo para presentar solicitudes al proceso concluyó el 30 de junio, la normativa otorgaba al Gobierno tres meses —hasta finales de septiembre— para resolver la mayor parte de los expedientes y comunicar las decisiones, un calendario “imposible de cumplir”, advierte el movimiento.
El proceso de regularización registró casi 1,2 millones de solicitudes, más del doble de las 500.000 que en principio había estimado el Ejecutivo, y el 67% de esas peticiones procedía de América Latina. En concreto, Colombia concentró el 26% del total, seguida por Marruecos, con un 13,4%; Venezuela (11,7%) y Perú (8,8%) y Honduras (4,9%).
A falta de datos actualizados, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalan a Infobae que a finales de julio se habían admitido a trámite más del 70% de las solicitudes —unas 822.000— y, en cuanto a las resoluciones favorables, el departamento que dirige Elma Saiz se limita a señalar que “no dispone de esos datos”, aunque sostiene que la tramitación “avanza con normalidad”.
Desde Regularización Ya explican que las entidades sociales colaboradoras de Extranjería que han ayudado a las personas migrantes a realizar los trámites para lograr su regularización en Barcelona, o como la Asociación Servicio Doméstico Activo (Sedoac) en Madrid y Valencia, “no han parado de atender demandas de solicitantes en todo el verano”, pues las dificultades se dan en varias fases del proceso. Muchas personas no logran completar la documentación exigida porque sus países de origen se retrasan o no facilitan certificados de antecedentes penales -entre los casos más frecuentes figuran Marruecos, Argelia, Gambia, Guinea Conakry, Cuba y Nicaragua- mientras que otras ya han recibido una autorización temporal de trabajo por tres meses pero siguen sin recibir la resolución favorable para acceder a la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), porque “tampoco hay citas de huellas en las comisarías de Policía”.
En otras ocasiones, los problemas se han dado a la hora de solicitar el número de la Seguridad Social y el certificado digital, si bien también ha sido complicado para muchos solicitantes comunicar a la Dirección General de Gestión Migratoria que no se podían abrir algunas notificaciones. “Solo en Barcelona, en Bloc4BCN de Can Batlló, hemos atendido durante el verano a más de 500 personas para acompañar trámites de certificados digitales y así poder recibir notificaciones que no les llegan al domicilio, bien porque en Correos no había suficiente personal o porque no se podían abrir desde sus teléfonos o correos electrónicos”, explica Victoria Columba, portavoz de Regularización Ya.
La activista sostiene que también ha habido inconvenientes cuando los solicitantes no adjuntaban el comprobante de la tasa al expediente, ya que el trámite queda inconcluso hasta que incorporan el justificante de pago, añade.
“No nos notifican las inadmisiones a trámite”
Desde la asociación Sedoac en Valencia explican que en esta última semana les han llegado notificaciones con admisiones a trámite “a cuentagotas” y advierten que, hasta ahora, las resoluciones favorables recibidas “son muy pocas” en comparación con el total de expedientes enviados. “Hemos presentado 328 expedientes y apenas tenemos 15 resoluciones favorables. Y lo que más nos preocupa es que no nos están notificando las inadmisiones a trámite. Tememos que, más adelante, se acumulen requerimientos o inadmisiones y esto pueda ser como una estrategia para que no demos abasto para subsanarlo” dentro de los plazos establecidos, señala por su parte Silvana Cabrera, integrante de Sedoac y portavoz de Regularización Ya.
La activista asegura que los retrasos administrativos y la falta de certezas solo generan “desesperanza y nerviosismo” entre las personas migrantes.
Qué reclaman al Ejecutivo
Regularización Ya también advierte de que algunas personas han recibido requerimientos por alertas registradas en el Sistema de Información de Schengen (SIS) y, por tanto, tienen que demostrar que esas alertas se deben a una expulsión por irregularidad administrativa en otro país europeo y no a antecedentes penales. “Esta exigencia traslada a los propios migrantes la carga de obtener y legalizar documentos en países donde fueron expulsados, incluso cuando se encuentran en una situación de precariedad o sin vivienda. Hay que tener en cuenta que muchas de estas personas no pueden desplazarse ni acceder con facilidad a la documentación que les reclaman”, alerta Columba.
El colectivo pide a la Administración española que compruebe directamente con las autoridades de los países implicados si las alertas por expulsión se deben a una infracción administrativa o a antecedentes penales. Así, las personas solicitantes no tendrían que acreditar por su cuenta que una expulsión anterior obedeció a una situación irregular y no a la comisión de un delito.
Por ello, Regularización Ya reclama criterios claros para resolver tanto los requerimientos relacionados con las alertas del SIS, como de la vulnerabilidad, la permanencia en España y los casos de menores. El colectivo reclama pautas que den seguridad jurídica a los solicitantes y a las entidades que los acompañan.
Ante los retrasos en la resolución de los expedientes, piden aclarar cómo afectarán a la renovación o modificación de los permisos, especialmente en los requisitos de cotización a la Seguridad Social. Por último, el movimiento también reclama que empresas, sindicatos y administraciones aclaren cómo pueden acceder al empleo las personas en proceso de regularización, ya que “los retrasos, la falta de criterios claros y las dudas de los empleadores dificultan la contratación”.
Todos estos obstáculos coinciden, además, con la crisis humanitaria, política y social que atraviesa Ceuta tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos a finales de julio. La ciudad vive un clima de tensión en aumento, con los servicios de acogida colapsados y miles de personas que aún permanecen en las calles y playas a la espera de obtener una plaza en un dispositivo temporal habilitado por las autoridades.
El Gobierno ha destacado que, con la apertura del último dispositivo en el Muelle de Poniente, Ceuta dispone ya de más de 6.000 plazas en espacios temporales de acogida. En estos espacios se realiza la filiación y el triaje, los pasos previos para estudiar cada caso: determinar si la persona puede solicitar protección internacional, si reúne requisitos para permanecer en España, o si corresponde iniciar un procedimiento de retorno.
