Madrid, 30 oct (EFE).- La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales ocho años de prisión para la administrativa de una procuraduría acusada de quedarse el dinero de mandamientos de pagos judiciales por lo que será juzgada el martes próximo en la Audiencia Provincial de Madrid.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público relata que la acusada, Y.Y.C.C., venezolana de 44 años, se aprovechaba de su trabajo en la procuraduría para ingresar el dinero procedente de mandamientos de pagos decretados por órganos judiciales a sus cuentas bancarias, la de su marido y la de su hijo menor de edad en vez de hacerlo en las de los destinatarios legales.
Por ello está acusada de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con otro de estafa, por lo que la Fiscalía solicita que además de la referida pena de cárcel pague indemnizaciones por un total de cerca de 900.000 euros.
El Ministerio Fiscal considera al marido, J.A.R.G., venezolano de 41 años, partícipe del delito a título lucrativo por lo que estima que debe hacer frente a parte de dicha indemnización, en concreto en la cantidad de 400.000 euros.
Relata que la acusada trabajaba desde el 7 de junio de 2017 como empleada en la procuraduría efectuando labores administrativas y a partir de mayo de 2018 pasó a ser la persona encargada de acudir a la sucursal bancaria para efectuar el pago a los destinatarios legales de los mandamientos ordenados por órganos judiciales de la Comunidad de Madrid.
Según la Fiscalía, entre mayo de 2018 y julio de 2020, Y.Y.C.C. procedió a ingresar numerosas transferencias no consentidas en sus cuentas bancarias, en la de su marido y en la de su hijo por un importe total de 860.440 euros «con claro conocimiento del fraude que suponía su conducta y con ánimo de obtener un ilícito beneficio patrimonial».
Una vez presentado el mandamiento de pago procedía a rellenar el mismo introduciendo los números de cuenta de su titularidad de distintas entidades bancarias y las de su marido e hijo.
Igualmente la acusada se aprovechó de su trabajo para que la procuraduría le abonase de forma fraudulenta en sus cuentas 37.764 euros, siempre según el Ministerio Público. EFE
