El Departamento de Justicia y la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) anunciaron que Instacart deberá pagar hasta USD 4 millones en compensaciones a trabajadores estadounidenses perjudicados por sus prácticas de contratación.
Según las investigaciones de ambas agencias, la empresa exigió que ciertos candidatos locales enviaran sus postulaciones por correo postal, mientras que los postulantes con visas temporales accedían al proceso habitual de solicitud electrónica.
El acuerdo asciende a USD 5 millones en total. Las investigaciones conjuntas se centraron en los procedimientos de reclutamiento de la compañía —con sede en San Francisco y registrada como Maplebear Inc.— dentro del programa de Certificación Laboral Permanente (PERM, por sus siglas en inglés).
Este mecanismo permite a los empleadores patrocinar a trabajadores con visas temporales para obtener la residencia permanente, pero exige que antes se realice un proceso de búsqueda de buena fe entre candidatos estadounidenses.
Instacart exigió postulaciones por correo postal a candidatos locales
Las investigaciones del Departamento de Justicia y la EEOC determinaron que Instacart impuso obstáculos adicionales a los solicitantes estadounidenses.
Para las vacantes vinculadas al programa PERM, la empresa requirió que las solicitudes se enviaran por correo postal, mientras que su proceso de contratación habitual aceptaba postulaciones electrónicas. Como consecuencia, muchos candidatos de Estados Unidos no fueron considerados a tiempo.
El fondo compensatorio cubrirá a afectados entre diciembre de 2023 y febrero de 2026
Del monto total del acuerdo, USD 4 millones se destinarán a un fondo para compensar a postulantes y a personas que desistieron de aplicar debido a las prácticas discriminatorias. Un administrador de reclamos se encargará de contactar a los posibles afectados y de determinar la elegibilidad para pagos retroactivos y daños compensatorios. Las agencias precisaron que el período cubierto abarca desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026.
USD 1 millón restante corresponde a multas civiles que Instacart pagará al gobierno federal. La empresa también deberá publicar las vacantes del proceso PERM en su sitio web público de carreras, aceptar postulaciones electrónicas, capacitar a su personal en obligaciones antidiscriminatorias, revisar sus políticas de empleo y someterse a requisitos de monitoreo.
El acuerdo es el decimoquinto de la Iniciativa de Protección de Trabajadores Estadounidenses
Harmeet K. Dhillon, fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, calificó la resolución como un paso más en la rendición de cuentas de las empresas que priorizan a portadores de visas temporales.
“Nuestro historial demuestra que el Departamento de Justicia está exigiendo responsabilidad a las compañías que prefieren trabajadores con visas de empleo temporal. No dejaremos de luchar por los trabajadores estadounidenses hasta que haya igualdad de condiciones”, declaró Dhillon.
Por su parte, Andrea Lucas, presidenta de la EEOC, sostuvo que la resolución envía una señal clara: “La EEOC está comprometida con exigir responsabilidad a las empresas cuando niegan oportunidades laborales equitativas a los trabajadores estadounidenses al preferir a portadores de visas temporales”.
El gobierno federal acumula más de USD 34 millones en pagos retroactivos desde la primera administración Trump
El caso de Instacart se inscribe en un esfuerzo más amplio del gobierno federal. La resolución es la decimoquinta desde que el Departamento de Justicia relanzó en 2025 su Iniciativa de Protección de Trabajadores Estadounidenses, creada originalmente durante la primera administración del presidente Donald Trump.
Desde el lanzamiento original de la Iniciativa, la División de Derechos Civiles acumuló más de USD 34 millones en pagos retroactivos y más de USD 16 millones en multas civiles contra empleadores que discriminaron a trabajadores locales.
En paralelo, la EEOC impulsa estas acciones a través de su Proyecto Firewall, que aplica la prohibición de discriminación por origen nacional prevista en el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. El acuerdo con Instacart es el cuarto de carácter público alcanzado por la comisión en esta materia desde 2025, mientras que la agencia mantiene otras cinco demandas pendientes en tribunales federales por discriminación contra trabajadores de origen nacional estadounidense.
