La Policía Nacional de República Dominicana informó el arresto de Luis Miguel Sánchez Lebrón, alias “Lebrón”, y Justo Ramón Durán Jiménez, conocido como “Tatuaje” o “El Fuerte”, por su presunta implicación en un robo agravado y asalto a mano armada ocurrido el 22 de septiembre en Villa González, provincia de Santiago.
De acuerdo con la información divulgada por el vocero policial, Diego Pesqueira, agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) detuvieron a los dos hombres tras una pesquisa coordinada con la Policía Preventiva y bajo la conducción del Ministerio Público.
Sánchez Lebrón y Durán Jiménez figuran como presuntos participantes en un asalto cometido contra una residencia y establecimiento comercial. La Policía señaló que los involucrados ingresaron a los inmuebles, golpearon y ataron a una de las víctimas y la amenazaron de muerte para obligarla a abrir una caja fuerte.
Los asaltantes habrían sustraído dinero en efectivo, dólares, prendas de oro y documentos, según el reporte preliminar de los investigadores. Durán Jiménez fue ubicado durante uno de los allanamientos realizados en Navarrete.
Durante los operativos, los agentes ocuparon una pistola calibre 9 milímetros modificada a .380, con su cargador y dos cápsulas. También incautaron una caja fuerte, un dispositivo DVR, una camioneta Toyota RAV4 y una motocicleta, entre otros elementos que serán sometidos a análisis periciales.
La DICRIM identificó además a Luciano Mendoza Santos, alias “El Son” o “Papón”, como presunto coautor material del hecho. Las autoridades mantienen su búsqueda.
Otro hombre, Braulio Vélez, permanece bajo investigación por una presunta vinculación con el ocultamiento y la adquisición de bienes que habrían sido obtenidos durante el robo.
La Policía indicó que el expediente continúa en desarrollo para establecer responsabilidades individuales, localizar a otros posibles involucrados y recuperar los objetos sustraídos. Los detenidos deberán ser presentados ante el Ministerio Público, que definirá la calificación jurídica y solicitará las medidas correspondientes.
El Código Penal prevé hasta 20 años de prisión mayor por robos con violencia o armas
El caso podría encuadrar en las disposiciones del nuevo Código Penal dominicano, instituido por la Ley 74-25 y modificado en julio de 2026 por la Ley 44-26. La norma entró en vigencia en agosto de este año.
El artículo 224 define el robo como la sustracción de bienes de otra persona y establece una pena de uno a dos años de prisión menor, además de una multa de tres a seis salarios mínimos del sector público.
La escala aumenta en los casos de robo agravado. El artículo 225 fija penas de cinco a 10 años de prisión mayor y multas de 10 a 20 salarios mínimos cuando concurren circunstancias como el uso de vehículos para cometer el hecho, la comisión nocturna, el uso de máscara o disfraz, el ataque contra una persona indefensa o el robo de dispositivos electrónicos.
La legislación establece una sanción superior cuando el robo está acompañado de circunstancias de mayor gravedad. El artículo 226 dispone penas de 10 a 20 años de prisión mayor y multas de 20 a 30 salarios mínimos del sector público cuando el delito se comete con violencia, torturas, amenazas o uso de armas; cuando los autores portan armas; o si intervienen varias personas como autores o cómplices.
En este caso, la investigación policial incluye denuncias de agresión física, inmovilización de una víctima, amenazas de muerte, actuación conjunta y la ocupación de un arma de fuego. La aplicación de esos agravantes deberá ser determinada por el Ministerio Público y los tribunales durante el proceso.
Estadísticas de las autoridades
La Policía Nacional informó que los robos acumulaban una baja de 29.9% entre enero y septiembre, con 20,446 casos menos que en el mismo período de 2025. Solo en septiembre se registraron 4,214 robos, según el balance policial.
Ese mismo mes, las autoridades ejecutaron 1,476 órdenes de arresto en operativos de alcance general, pero no publicaron un desglose que permita establecer cuántas correspondieron específicamente a robos agravados o asaltos con armas. Al 1 de octubre, la institución reportó 11,587 órdenes de arresto pendientes vinculadas a robos, una cifra que no equivale necesariamente a igual cantidad de personas requeridas.
