El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prepara un estatuto antiterrorista que busca endurecer las herramientas jurídicas y operativas contra los grupos armados organizados y que sería presentado en las próximas semanas ante el Congreso junto con una ley de sometimiento.
De acuerdo con información conocida en exclusiva por El Tiempo, el paquete antiterrorista estará dividido en dos proyectos de ley que se tramitarán de manera paralela: uno estatutario y otro ordinario.
La división responde a que algunas medidas tocarían directamente derechos fundamentales y, por esa razón, tendrían que tramitarse mediante una ley estatutaria, que requiere mayorías absolutas, debe aprobarse en una sola legislatura y queda sometida a revisión automática de la Corte Constitucional.
Otros componentes avanzarían como ley ordinaria para que puedan entrar en vigor sin esperar el control constitucional del grueso del estatuto.
La iniciativa está bajo la coordinación del Ministerio del Interior, encabezado por Rodrigo Lara, mientras que el Ministerio de Justicia será responsable de la ley de sometimiento.
Listado de organizaciones y régimen especial para cabecillas
Uno de los pilares de la propuesta sería la creación de un sistema de listas de organizaciones terroristas, inspirado, según fuentes del Ejecutivo citadas por el medio, en modelos utilizados por Estados Unidos, la Unión Europea y Naciones Unidas.
La intención del Gobierno es que las estructuras incluidas en esos listados pasen a ser clasificadas como grupos armados organizados, GAO, con las consecuencias jurídicas y operacionales que el Ejecutivo pretende asociar a esa categoría.
El proyecto también plantea que a esas organizaciones se les aplique el Derecho Internacional Humanitario, DIH, conjunto de normas que regula la conducción de las hostilidades en los conflictos armados y establece límites para proteger a quienes no participan directamente en ellas.
Según la propuesta descrita por El Tiempo, esa clasificación serviría como fundamento para habilitar operaciones militares, incluidos bombardeos contra estructuras que entren en esos listados, dentro del marco que defina la legislación y el DIH.
Otro componente sería la creación de un régimen penitenciario especial para cabecillas de organizaciones calificadas como terroristas, una discusión que se relacionaría con los proyectos de megacárceles y buques cárcel anunciados por el Gobierno.
Asimismo, se plantea una figura para la aprehensión de bienes diferente al procedimiento actualmente existente de extinción de dominio.
El articulado también contemplaría agravantes para delitos vinculados con organizaciones incluidas en las listas y mayores controles sobre las fuentes de financiación de esas estructuras.
Entre las medidas se encuentra un seguimiento reforzado a la compraventa de oro, las licencias de casas de cambio y su bancarización, con el propósito declarado de combatir el lavado de activos.
Asonadas, tutelas y recursos de Fonsecon
El estatuto también incluiría disposiciones para enfrentar las asonadas que, según la administración, sean utilizadas para obstaculizar operaciones de la Fuerza Pública.
Además, buscaría ampliar las herramientas de cooperación internacional contra el crimen organizado.
Otro de los cambios planteados sería concentrar en el Consejo de Estado las acciones de tutela relacionadas con grupos que sean catalogados oficialmente como terroristas.
Según el análisis de El Tiempo, el Gobierno pretende modificar así el escenario judicial en asuntos en los que ha recibido decisiones adversas en el circuito ordinario, como controversias relacionadas con aspersión con glufosinato y bombardeos.
El proyecto también estaría acompañado por una reorganización en el uso del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, administrado por el Ministerio del Interior.
Los recursos se destinarían, entre otros frentes, a la adquisición de sistemas de cámaras y herramientas de control en municipios con mayores problemas de orden público.
La propuesta contempla utilizar cámaras de alta definición y cruzar la información obtenida con bases de datos para apoyar la localización y captura de cabecillas y otros integrantes de las estructuras incluidas en el listado.
Tanto el estatuto antiterrorista como la ley de sometimiento ya habrían pasado por la revisión de la Oficina Jurídica de la Presidencia.
El siguiente paso sería su radicación en el Congreso, donde comenzarían su trámite en las Comisiones Primeras, encargadas de asuntos relacionados con derechos fundamentales, justicia y reformas del orden constitucional.
Por ahora, se trata de propuestas que aún deberán superar el debate legislativo y, en el caso de la ley estatutaria, el control automático de la Corte Constitucional antes de entrar plenamente en vigor.
