El Gobierno de Tamaulipas descartó contratos con las 11 empresas y cuatro personas señaladas por la OFAC, mientras el Ayuntamiento de Nuevo Laredo reconoció relaciones contractuales con CEGESA y COPASA, dos constructoras incluidas en las designaciones por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste.
Las posturas fueron difundidas el 13 de octubre de 2026, después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra una red de personas y compañías con domicilios en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Anáhuac, Nuevo León.
Las autoridades estadounidenses señalaron que la red tenía actividades en carreras de caballos, construcción, transporte de carga, combustibles y los sectores petrolero y gasífero. Según sus acusaciones, esas empresas habrían servido para lavar dinero y financiar operaciones del grupo criminal.
El gobierno encabezado por Américo Villarreal Anaya afirmó que ninguna de las personas físicas ni empresas designadas celebró contratos con la administración estatal desde el 1 de octubre de 2022, cuando inició su gestión.
Tamaulipas bloqueó nuevas contrataciones con los señalados
La administración estatal informó que revisó los padrones de contratistas de obra pública y proveedores de bienes y servicios. Tras esa búsqueda, sostuvo que los señalados tampoco aparecieron inscritos en esos registros durante el periodo revisado.
Como medida preventiva, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno instruyó a todas las dependencias y entidades del Ejecutivo estatal impedir inscripciones, adjudicaciones y contrataciones con las personas físicas y morales designadas, así como con compañías en las que participen.
El Gobierno de Tamaulipas indicó que reconocía la coordinación de la Federación con las autoridades de Estados Unidos mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la UIF. También puso a disposición de las instancias federales la información que solicitaran dentro de sus atribuciones.
La administración de Villarreal Anaya sostuvo que sus procedimientos de contratación se realizaron conforme a la ley y que los padrones correspondientes fueron de consulta pública. La postura estatal contrastó con el reconocimiento del gobierno municipal de Nuevo Laredo sobre los contratos celebrados con dos empresas señaladas.
Nuevo Laredo identificó a CEGESA y COPASA en sus padrones
El gobierno de Nuevo Laredo, encabezado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, realizó una primera revisión de sus registros administrativos. El Ayuntamiento identificó que Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V., conocida como CEGESA, y Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V., o COPASA, figuraban en sus padrones de proveedores y contratistas de obra pública.
Ambas compañías mantuvieron relaciones contractuales con la administración municipal, según el comunicado oficial. El Ayuntamiento no precisó los contratos otorgados, los montos pagados, las fechas de adjudicación ni las obras o servicios proporcionados.
Canturosas Villarreal instruyó a la Contraloría Municipal elaborar un informe sobre los procedimientos de contratación y el ejercicio de recursos públicos vinculados con las dos empresas. La revisión buscará determinar si las operaciones se ajustaron a la normatividad aplicable.
La autoridad municipal señaló que las dos compañías no aparecían en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF cuando se celebraron las contrataciones, de acuerdo con la información oficial que verificó. Añadió que la documentación curricular presentada por las empresas mencionaba como clientes a otros entes públicos del país y compañías privadas nacionales y extranjeras.
Estados Unidos vinculó a las constructoras con una red del Cártel del Noreste
Las designaciones de la OFAC incluyeron a cuatro personas y 11 empresas relacionadas, según las autoridades estadounidenses, con el Cártel del Noreste. La medida alcanzó negocios dedicados a actividades ecuestres, obras, carga y combustibles.
Estados Unidos acusó que CEGESA habría canalizado recursos a campañas electorales y obtenido contratos gubernamentales mediante prácticas corruptas. COPASA habría suministrado materiales para obras ejecutadas o subcontratadas por la constructora, de acuerdo con los argumentos expuestos para sancionar a la red empresarial.
La UIF informó que detectó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita entre algunos de los señalados, tras analizar movimientos financieros, datos fiscales y estructuras corporativas. Esos señalamientos formaron parte de las acciones anunciadas en coordinación con las autoridades financieras estadounidenses.
El Ayuntamiento de Nuevo Laredo afirmó que la revisión de sus contratos se realizó por iniciativa propia y que divulgaría los resultados cuando estuvieran documentados y verificados conforme a las disposiciones legales. También manifestó que colaboraría con las autoridades competentes y respetaría las investigaciones y determinaciones que correspondieran sobre las empresas.
