El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori prepara la contratación de un abogado por un monto de hasta 100.000 soles (unos 27.000 dólares) para asumir la defensa legal del expresidente transitorio José Jerí (2025-2026) en una investigación preliminar que afronta ante la Fiscalía de la Nación, según informó este sábado el diario Perú21.
La defensa está vinculada a una investigación por presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que fueron incorporadas al Gobierno poco después de reunirse con él en Palacio de Gobierno, una de las cuales permaneció en la sede presidencial durante la noche de Halloween y salió a la mañana siguiente.
A raíz de esta información, Katherine Ampuero (Renovación Popular), titular de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, anunció en su cuenta de X que trabaja junto, con el diputado José Baella, en “una iniciativa legislativa que busca eliminar el despilfarro del dinero del Estado en la contratación de estudios y abogados privados para la defensa de funcionarios públicos investigados por corrupción”.
El Despacho Presidencial ya había autorizado en febrero que el Estado asumiera la defensa de Jerí en otra investigación fiscal relacionada con los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado, a raíz de reuniones no registradas que Jerí mantuvo con empresarios chinos, entre ellos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.
La resolución dispuso que la Oficina General de Administración del Despacho Presidencial realizara las acciones necesarias para contratar el servicio de defensa legal. El beneficio fue concedido al amparo de la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil, y su reglamento, que contemplan el derecho de servidores y exservidores públicos a contar con defensa y asesoría legal en determinadas circunstancias.
Jerí fue destituido tras un mandato de cuatro meses, marcado por las dudas sobre su conducta como presidente, luego de que se conocieran reuniones reservadas con empresarios chinos y denuncias por presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias a las que había recibido previamente en su despacho de Palacio.
Su llegada a la jefatura de Estado estuvo marcada desde un inicio por una denuncia de violación presuntamente ocurrida a finales de 2024, que fue archivada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, por falta de pruebas biológicas, pese a que otro procesado en la misma causa había declarado que Jerí pudo presuntamente haber usado objetos u otros medios para consumar la violación.
Fruto de este caso, una jueza le ordenó someterse a una terapia para tratar una patología psicosexual, y durante sus primeros días se volvieron virales sus antiguos tuits, en los que mostraba una predilección por “sexo” y “mujeres”, mientras que en su cuenta de Instagram seguía a centenares de perfiles de mujeres creadoras de contenido erótico.
En su labor parlamentaria, también fue acusado de un presunto enriquecimiento ilícito, al ser señalado de supuestamente haber cobrado dinero por sacar adelante proyectos de ley en la Comisión de Presupuesto del Congreso que llegó a presidir.
El Congreso finalmente lo apartó del poder tras acumular siete mociones de censura, a menos de dos meses de las elecciones generales convocadas para abril pasado.
