Manila, 20 oct (EFE).- El secretario de Interior filipino, Jonvic Remulla, aseguró este martes que el senador Ronald ‘Bato’ Dela Rosa, aliado del expresidente Rodrigo Duterte y requerido por la Corte Penal Internacional (CPI), está en la isla de Mindanao (sur del país) bajo la protección de un grupo con el que el Gobierno ha iniciado conversaciones para su entrega.
«Está en Mindanao, bajo la protección de un grupo. Actualmente estamos iniciando conversaciones para su entrega a las autoridades», afirmó Remulla en declaraciones a los medios bajo el marco de una reunión sobre criminalidad con ministros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
La isla sureña de Mindanao, donde Duterte creció y forjó su carrera política, alberga numerosos clanes y grupos armados, muchos con poderosos ejércitos privados, que protagonizan frecuentes enfrentamientos por el control del poder regional.
El ministro filipino aseguró estar «muy cerca», aunque, dijo, no quiere aventurarse a una detención por la fuerza.
«Prefiero negociar primero antes que poner en riesgo la vida de filipinos», detalló Remulla sobre la operación contra el exjefe de la Policía, conocido por ser el cerebro de la sangrienta guerra contra las drogas llevada a cabo por Duterte durante su mandato (2016-2022).
El secretario de Interior advirtió que una operación por la fuerza «implicaría una violencia que no queremos» y podría costar la vida de 300 policías, según detalló el lunes en una entrevista con la cadena local ABS-CBN.
Pese a que Remulla evitó identificar al grupo que supuestamente protege al senador, el ministro filipino lo describió como «sumamente poderoso» con «un gran respaldo financiero» y «muchos hombres armados».
«Está oculto en lo más recóndito», declaró el ministro, quien descartó que Dela Rosa se encuentre en Davao, la ciudad sureña donde Duterte fue alcalde durante más de dos décadas y principal bastión de un clan que sigue siendo muy popular en la isla.
Dela Rosa huyó del Senado el 14 de mayo, donde se atrincheró durante tres días después de que la CPI emitiera la orden de detención y de donde salió tras un episodio aún bajo investigación que incluyó disparos nocturnos dentro del edificio legislativo.
La CPI considera que el socio de Duterte contribuyó de forma esencial con declaraciones públicas que «autorizaban, toleraban y promovían» los asesinatos durante las redadas antidrogas en las que, según las autoridades filipinas, unas 6.000 personas fueron asesinadas extrajudicialmente, una cifra que ONG elevan hasta 30.000.
Mientras, su aliado Rodrigo Duterte permanece detenido por la CPI en La Haya desde marzo de 2025, a la espera de ser juzgado el próximo 30 de noviembre por presuntos crímenes de lesa humanidad. EFE
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