El Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso el jueves una norma para limitar inversiones estadounidenses en sectores tecnológicos estratégicos de China, Rusia, Corea del Norte y otros países que Washington considera de “preocupación”, con foco en áreas como inteligencia artificial (IA), supercomputación, sistemas hipersónicos y biotecnología.
La propuesta se apoya en la Ley Integral de Seguridad Nacional para las Inversiones en el Extranjero, aprobada por el Congreso en diciembre de 2025. Esa norma amplió un programa que comenzó en 2023, bajo la administración de Joe Biden, para controlar inversiones estadounidenses en el exterior vinculadas con semiconductores, computación cuántica e IA destinadas a China. El nuevo marco también incluye a Cuba e Irán, además de Rusia y Corea del Norte.
La incorporación de Moscú ocurre días después de que el presidente Donald Trump levantara sanciones contra Rusia tras un acuerdo sobre diésel con el presidente Vladímir Putin.
La normativa alcanzaría inversiones superiores a USD 50.000 y dejaría fuera numerosas operaciones financieras, entre ellas las compras de acciones. El Tesoro recibirá comentarios del público antes de publicar la versión definitiva. El organismo propuso extender los controles a sistemas hipersónicos, capaces de viajar a cinco veces la velocidad del sonido, junto con la supercomputación, la biotecnología y la inteligencia artificial, denominada “superinteligencia” o SI por la administración Trump.
La iniciativa busca evitar que capital estadounidense contribuya al desarrollo de capacidades militares de otros países. “Envía una señal importante a los mercados de que Washington está haciendo un seguimiento de hacia dónde fluye el capital estadounidense y qué capacidades está ayudando a desarrollar”, afirmó Craig Singleton, investigador sénior de la Foundation for Defense of Democracies.
Singleton sostuvo que el examen de inversiones fuera del país “reconoce que el capital puede acelerar las capacidades relevantes para el ámbito militar con la misma seguridad con la que lo hace la transferencia de tecnología”.
Jason Chipman, ex abogado del Departamento de Justicia y actual socio del estudio WilmerHale, consideró que la disposición “requerirá programas de cumplimiento más sustanciales para gestionar el riesgo”.
Ryan Majerus, e xfuncionario comercial estadounidense y socio de King & Spalding, señaló en diálogo con Associated Press que la propuesta abre una etapa que puede derivar en controles más estrictos: “Este es solo el primer paso en un proceso bastante largo para lograr cambios que presumiblemente estarán más orientados a la aplicación de la ley, para dar mayor fuerza al programa de inversión en el extranjero”.
Estados Unidos y China mantienen desde el primer mandato de Trump una disputa comercial y tecnológica. Ambos países restringieron exportaciones de tecnologías y bienes considerados sensibles, como minerales de tierras raras chinos y chips avanzados estadounidenses, además de aplicar aranceles a productos del otro.
Trump y el líder chino, Xi Jinping, acordaron el año pasado reducir las tensiones mientras mantenían negociaciones. La tregua, de carácter temporal, fue extendida el mes pasado hasta enero. En julio, el Tesoro multó con USD 200.000 a una empresa estadounidense por no informar una inversión de USD 92.500 de una de sus filiales en una compañía china de inteligencia artificial y robótica.
El martes pasado, el Gobierno de Estados Unidos ordenó a las agencias civiles federales retirar de sus sistemas los productos y servicios de la empresa china Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence, ante el riesgo de que información sensible llegue a China.
La disposición, emitida por el Departamento de Seguridad Nacional, instruye a las dependencias civiles a eliminar herramientas, aplicaciones y productos desarrollados por DeepSeek, además de servicios de terceros que utilicen tecnologías de esa compañía.
La orden advierte que los servidores de la empresa se encuentran en China y señala que la legislación de ese país permite a las autoridades acceder a la infraestructura privada de las compañías.
(Con información de AP)
