La Procuraduría comenzó a revisar antiguos expedientes y contratos relacionados con Norbert Vonblon Pomare, contratista de San Andrés y esposo de la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz. Entre los antecedentes figura la construcción de la cárcel El Pesebre, en Antioquia, donde dos empresas del empresario suministraron materiales y fueron mencionadas en una denuncia por presuntas irregularidades financieras.
De acuerdo con una investigación de la Unidad Investigativa de El Tiempo, el caso también involucra a Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, quien fue procesado por su presunta participación en la entrega de garantías bancarias falsas presentadas por la Unión Temporal Centros Poblados ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
Los contratos de la cárcel El Pesebre
La obra penitenciaria, ubicada en Puerto Triunfo, Antioquia, fue adjudicada por el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) el 28 de febrero de 2007 al Consorcio CMS Cárceles, por un valor inicial de $35.837 millones.
El consorcio estaba conformado por CM Construcciones y Mantenimiento Ltda., Pizano Pradilla Caro Restrepo Ltda., Disico S. A. y Sáenz Ruiz Cadena Ingenieros Civiles S. A. Molina García-Mayorga era representante legal suplente del grupo y socio propietario de CM Construcciones.
Según el diario, a finales de 2007 se ordenó una auditoría contable externa después de que se advirtieran presuntas anomalías en los informes presentados por Molina García-Mayorga.
La revisión habría identificado giros de anticipos a contratistas sin las garantías ni las pólizas correspondientes. Entre las empresas mencionadas estaban Agregados NVP Ltda. y Josefs Concretes Ltda., ambas propiedad de Vonblon y proveedoras de materiales para preparar concretos y morteros.
La denuncia por anticipos de $734 millones
Los señalamientos se originaron en una denuncia presentada por Nelson Ríos Villamizar, representante legal de Disico S. A., una de las empresas integrantes del consorcio. En ella se mencionaron presuntos delitos de falsedad, estafa, abuso de confianza calificado, concierto para delinquir y amenazas.
De acuerdo con la información publicada por el medio, se busca establecer si en la contabilidad del consorcio se registraron ofertas mercantiles de las empresas de Vonblon con valores diferentes de los originales, presuntamente para facilitar el uso de los anticipos de Fonade.
Una fuente consultada por el diario afirmó que los anticipos habrían pasado del 15% a porcentajes cercanos al 40% y que los giros cuestionados sumarían $734 millones, transferidos a una cuenta de ahorros a nombre del contratista.
La misma fuente aseguró que Vonblon habría manifestado que actuó como tercero de buena fe y que desconocía que Molina García-Mayorga retirara los recursos. También señaló que ambos compartían cuentas bancarias y sostuvo que el asunto debía ser investigado por la Fiscalía.
La publicación indica que el proceso habría llegado a una imputación, aunque no precisa el alcance de esa actuación ni detalla su estado actual.
El antecedente de Centros Poblados y el hospital de San Andrés
El nombre de Molina García-Mayorga también aparece en el escándalo de Centros Poblados, relacionado con las garantías bancarias falsas presentadas para obtener un contrato de conectividad rural del MinTIC. Su vínculo comercial con Vonblon es uno de los aspectos cuya revisión se solicita, sin que la información publicada permita atribuir al contratista responsabilidad en ese caso de corrupción.
Otro antecedente mencionado, es la construcción del hospital Amor y Patria, en San Andrés. Según el medio, un tribunal de arbitramento determinó que empresas del Consorcio del Norte, representado legalmente por Molina García, incumplieron parcialmente sus obligaciones por la falta de entrega de algunos elementos y la existencia de obras no ejecutadas.
Por esos incumplimientos, las empresas fueron condenadas a pagar a Fonade $1.650 millones.
Las declaraciones del presidente y las actuaciones pendientes
Los cuestionamientos sobre los negocios de Vonblon se conocieron después de una visita del presidente Abelardo de la Espriella al archipiélago, durante la cual se dirigió a la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz.
“Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir”, afirmó el mandatario.
Por su parte, Cristina Lombana, secretaria de Transparencia de la Presidencia, solicitó a la Fiscalía revisar varios procesos por presuntos hechos de corrupción que cursan en San Andrés y pidió su traslado a Bogotá. De acuerdo con la publicación, el caso de la cárcel El Pesebre podría incorporarse a esa revisión.
El medio informó que contactó al abogado de Vonblon para conocer su respuesta frente a los señalamientos. Aunque inicialmente manifestó que atendería las preguntas, no había respondido al cierre de la publicación. Tampoco fue posible contactar al empresario a través de la representante Jay-Pang.
Las verificaciones solicitadas buscan esclarecer el manejo de los anticipos y los movimientos financieros relacionados con la construcción de la cárcel. Las eventuales responsabilidades deberán establecerse a partir de las actuaciones de las autoridades competentes.
