Guadalajara (México), 13 oct (EFE).- Siete de las personas detenidas tras la protesta por el agua contaminada en Guadalajara fueron trasladadas al complejo carcelario de Puente Grande, informó este martes la Fiscalía de Jalisco, instancia acusada por colectivos y familiares de no seguir el debido proceso contra los acusados.
El domingo, miles de habitantes del área conurbada de Guadalajara, la tercera más poblada de México, protestaron por el agua contaminada que llega a su casas, una manifestación que terminó con detenciones, decenas de personas heridas, entre ellas representantes de la prensa local y nacional y policías.
La fiscalía del estado reveló que liberó en el transcurso del lunes a 32 de las 39 personas detenidas -según sus registros- quienes mantienen una carpeta de investigación abierta.
De las siete personas restantes, seis son acusadas de “lesiones dolosas” contra personas que desarrollan funciones de seguridad pública. A otro de los detenidos “se le imputa el delito de desobediencia o resistencia de particulares”, aseguró la dependencia en un comunicado.
Entre los imputados está un repartidor de comida de plataforma que no participaba en la protesta.
Más tarde, la fiscalía dio a conocer un segundo comunicado en el que aclara que los siete detenidos fueron puestos “a disposición de un juzgado para la realización de las audiencias correspondientes y no serán ingresados a prisión, sino que estarán en el área de juzgados”.
Añadió que el traslado a este complejo de máxima seguridad “no significa que hayan sido sentenciados” sino que el juzgado de control determinará “su situación jurídica en las próximas horas” y resolver si son vinculados a proceso y las posibles medidas cautelares “entre las que se incluye que puedan continuar con su proceso en libertad”.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), quien lleva parte de la defensa legal de los detenidos, exigió a la fiscalía respetar “el debido proceso y el derecho a una defensa adecuada”.
En un comunicado pidió la liberación de las personas detenidas e hizo “un llamado al Poder Judicial para que no sea partícipe de actos de injusticia ni de la criminalización de quienes ejercen su derecho a manifestarse”.
Desde el domingo, CEPAD y otras organizaciones defensoras de derechos humanos documentaron y denunciaron la detención arbitraria y violenta de 49 personas, una cifra distinta a las 39 dadas a conocer por la fiscalía.
Los colectivos, abogados y familiares aseguran que ninguno de quienes fueron trasladados a Puente Grande cometieron los delitos que se les imputan y que sus detenciones fueron violentas como se muestra en múltiples videos que presentaron como prueba.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este martes que la Fiscalía General de la República (FGR) podría investigar la actuación de policías de Jalisco en las protestas si los afectados presentan una denuncia formal.
Este martes se prevé la realización de al menos cuatro protestas convocadas por estudiantes y ciudadanía en diversos puntos de la ciudad para exigir la liberación de detenidos y el derecho a manifestarse de manera pacífica. EFE
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