La Contraloría General de la República (CGR) emitió opiniones negativas contables a 35 entidades públicas y una empresa estatal por sus estados financieros de 2025, con activos agregados por $268.321.280,07, según el informe Auditoría del Balance General de la Nación firmado el 26 de junio de 2026. El dictamen cuestiona la razonabilidad y confiabilidad de la información contable reportada, pero no implica por sí mismo que las instituciones hayan tenido pérdidas, patrimonio negativo o riesgo de insolvencia.
El órgano de control examinó la información consolidada de 356 entidades públicas nacionales y revisó de manera individual 147 de ellas, que reunían el 93,36% de los activos auditados. Concluyó que las incorrecciones individuales sumaron $22.364.636,13 y fueron materiales, aunque no se extendieron de forma generalizada al conjunto de las cuentas nacionales, por lo que el balance consolidado recibió una opinión con salvedades, distinta de las negativas individuales.
Una opinión negativa corresponde a incorrecciones materiales y generalizadas en los estados financieros. En contraste, las incorrecciones del balance consolidado afectaron partidas específicas sin alcanzar el nivel de generalización requerido para una calificación similar.
Las 35 entidades con opinión negativa de la Contraloría
Las entidades con opinión negativa incluyeron organismos responsables de infraestructura, recaudo tributario, atención de emergencias, educación, salud y administración de recursos públicos. El listado del Anexo III comprende:
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).Instituto Nacional de Vías (Invías).Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil).Ministerio de Salud y Protección Social.Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).Consejo Superior de la Judicatura.Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).Patrimonio Autónomo Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.Ministerio del Interior.Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.Defensoría del Pueblo.Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).Ministerio de Transporte.Agencia Nacional de Minería.Superintendencia de Industria y Comercio.Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.Superintendencia de Transporte.
Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba.Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima).Corporación para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó).Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonia).Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño).Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (Itfip).Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap).Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá (Corpourabá).Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital.Fondo de Adaptación.Universidad Surcolombiana.Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Macarena no integra el grupo, pues la Contraloría se abstuvo de emitir una opinión sobre sus estados financieros.
Fallas contables en la Dian, el Fomag y el Sena
De acuerdo con la Contraloría, se tuvieron los siguientes hallazgos en la Dian y el Fomag:
Dian: reportó activos por $49.101.301,58 e incorrecciones totales por $5.942.349,74. El hallazgo principal fue de $5.867.600,80 en cuentas por cobrar y por pagar, asociado a 280.734 registros con saldos contrarios a su naturaleza contable.
El órgano atribuyó esa situación a fallas del aplicativo Muisca y a la ausencia de depuración administrativa de posibles inconsistencias de los contribuyentes. El informe advirtió que esa combinación “impide que la información sea útil para la rendición de cuentas y la toma de decisiones”.
Fomag: registró activos por $3.892.552,87 e incorrecciones por $598.363,71. La auditoría identificó una clasificación inadecuada de provisiones relacionadas con sanciones por mora tramitadas por vía administrativa, conciliaciones y fallos. También trasladó esos casos desde el pasivo hacia cuentas de orden.
La Contraloría señaló que hubo una “omisión del principio de devengo” al registrar “deudas ciertas como pasivos contingentes”, lo que derivó en una subestimación de las obligaciones reportadas.
Sena: identificó una incorrección de $136.163,66 en cuentas por cobrar con saldos pendientes de depuración que acumulaban entre 1.003 y 13.624 días, equivalentes a entre tres y 37 años.
La auditoría también encontró $10.437,21 vinculados a propiedades, planta y equipo; $7.146,53 en otros activos; y $35.787,47 en provisiones por litigios y demandas. El informe relacionó estas situaciones con deficiencias en depuración de cartera, clasificación de activos y actualización de procesos judiciales.
En infraestructura, la Contraloría estableció que:
ANI: no reconoció $6.355.739,80 en cuentas por pagar asociadas a aportes pendientes al Fondo de Contingencias Contractuales. Invías: identificó $583.816,26 en gastos registrados de manera inadecuada por transferencias a municipios y departamentos para obras viales.
La auditoría también encontró en la Ungrd deficiencias en la presentación, revelación, trazabilidad y depuración de cuentas por cobrar, inventarios, activos, pasivos, patrimonio e ingresos. Pese al alcance de las observaciones individuales, la Contraloría concluyó que el balance consolidado nacional conservó una afectación delimitada y no extendida a todos sus componentes.
