Un estudio de ONU Mujeres en México reveló que 95.9% de las candidatas a congresos estatales y 95.3% de las aspirantes a cargos legislativos federales que participaron en la investigación sufrió al menos una forma de violencia durante las campañas electorales de 2023-2024. Los resultados mostraron que la paridad en las candidaturas no garantizó condiciones para ejercer los derechos políticos sin agresiones.
La investigación, titulada Mujeres que se postulan, mujeres que narran sus historias. Candidatas del proceso electoral 2023-2024 en México, fue elaborada mediante el Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género. El trabajo formó parte de una iniciativa internacional orientada a medir la violencia contra las mujeres en la política y a generar información para las políticas públicas.
La violencia psicológica fue la agresión más extendida entre las participantes: alcanzó 95.1% de los casos informados. Le siguieron la violencia sexual, con 61.4%, y la económica, con 57.4%.
Más de ocho de cada 10 candidatas señalaron que enfrentaron agresiones tanto en actividades presenciales de campaña como en espacios digitales. Más de la mitad también informó violencia en medios de comunicación tradicionales, lo que mostró que las agresiones se presentaron en distintos ámbitos de la contienda electoral.
La encuesta reunió testimonios de 615 candidatas
El estudio combinó herramientas cuantitativas y cualitativas para documentar las experiencias de mujeres electas y no electas durante el proceso electoral. La encuesta incluyó a 615 candidatas: 122 aspirantes a cargos legislativos federales, 263 postulantes a congresos estatales y 230 participantes en elecciones municipales.
La investigación también reunió 11 entrevistas semiestructuradas y seis grupos focales con 34 candidatas. Esos ejercicios permitieron identificar las formas de violencia, los lugares donde ocurrieron y las consecuencias que tuvieron en la participación política de las mujeres.
Eleonora Betancur González, representante de ONU Mujeres México, sostuvo que la ampliación de la representación femenina debía ir acompañada de condiciones para que las mujeres ocuparan los cargos con autonomía. “La paridad ha abierto las puertas de la representación. El siguiente paso es asegurar que las mujeres puedan ejercer el poder con autonomía, en igualdad de condiciones y libres de violencia”, expresó.
Betancur González señaló que los datos permitieron ubicar áreas donde debían reforzarse la prevención, la protección y la respuesta institucional. El objetivo consistía en que los avances en representación política se tradujeran en igualdad sustantiva y no sólo en un aumento numérico de candidaturas femeninas.
Las denuncias tuvieron baja resolución favorable
Las dificultades para denunciar fueron otro de los hallazgos expuestos durante la presentación. Sólo 18 de cada 100 mujeres afectadas presentó una denuncia, mientras apenas cuatro obtuvieron una resolución favorable.
Cerca de la mitad de las candidatas legislativas participantes informó agresiones dentro de sus propios partidos. Entre quienes vivieron estas conductas, alrededor de seis de cada 10 identificó a integrantes de las dirigencias partidistas entre las personas responsables.
La violencia económica afectó de manera particular a las candidatas indígenas: 77% la señaló como una barrera. El reporte también incluyó el ciberacoso entre las agresiones que limitaron la participación de las mujeres durante las campañas.
Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que el aumento de mujeres en los espacios de decisión no significó que se hubiera alcanzado una igualdad efectiva. “Queremos que las mujeres lleguen, desde luego. Pero también queremos que puedan permanecer, proponer, disentir y decidir. Que ninguna tenga que aceptar un trato inferior por ocupar un espacio que le pertenece por derecho”, sostuvo.
Taddei Zavala planteó que las autoridades electorales, los partidos políticos, las instancias de justicia, los medios de comunicación y las plataformas digitales debían coordinar mecanismos de prevención, atención y acompañamiento. También advirtió que era necesario revisar qué ocurría con las mujeres después de obtener una candidatura.
Las responsabilidades familiares y de cuidado representaron otra limitación. En el componente municipal, de carácter descriptivo, 64.3% de las candidatas encuestadas señaló tener tareas de cuidado y, de ellas, 77% indicó que esas obligaciones dificultaron su participación política.
Pese a las agresiones y obstáculos documentados, 83.6% de las participantes afirmó que volvería a competir por un cargo público. La presentación se realizó durante las actividades por el 73 aniversario del reconocimiento constitucional del derecho de las mujeres al voto en México.
