El gobierno de Estados Unidos propuso que agentes estadounidenses acompañaran operativos contra cárteles dentro de México, una medida con la que Washington habría buscado obtener un resultado público en seguridad antes de las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre, según informó The New York Times.
La propuesta habría sido entregada mediante un memorando a las autoridades mexicanas en las últimas semanas. El documento planteaba una vía para que personal de seguridad de Estados Unidos participara junto con fuerzas mexicanas en acciones contra organizaciones criminales en territorio nacional.
El texto también incluía la intención de ampliar el intercambio de inteligencia entre ambos países. Funcionarios estadounidenses pretendían involucrarse de forma más directa en áreas de la seguridad mexicana, de acuerdo con personas familiarizadas con las conversaciones citadas por la publicación.
La presión estadounidense se habría intensificado ante el escenario político interno de ese país. Las encuestas mostraban que los republicanos podrían perder el control del Congreso por el descontento ciudadano relacionado con los precios de la gasolina y la inflación, por lo que la administración de Donald Trump habría buscado exhibir un logro concreto contra el narcotráfico.
México rechazó operaciones conjuntas y ataques con drones
El gobierno mexicano había rechazado las peticiones de Estados Unidos para realizar operaciones conjuntas o permitir ataques con drones estadounidenses en el país. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que una intervención de ese tipo violaría la soberanía nacional y rechazó la versión de que los cárteles controlaran amplias zonas de México.
Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que la postura de Washington respondía a la presencia de grupos criminales en la frontera. “Es inaceptable que organizaciones terroristas extranjeras controlen territorios extensos en todo México, incluida toda la región que limita directamente con Estados Unidos”, declaró.
La vocera añadió que esas organizaciones mantenían una ofensiva violenta contra la población estadounidense. “Estos cárteles libran una campaña implacable de violencia contra Estados Unidos y su pueblo”, señaló en la declaración difundida al diario.
La propuesta estadounidense representaba una de las medidas más firmes para que México aceptara una participación militar o de seguridad de Estados Unidos dentro del país. La administración mexicana había sostenido su negativa, aun cuando Washington buscaba profundizar su cooperación con las autoridades nacionales.
El gobierno estadounidense también había entregado una lista de objetivos de seguridad cuya captura buscaba. México habría detenido o abatido a la mayoría de esas personas, entre ellas Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien fue abatido durante una operación mexicana el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.
Washington también pidió acciones contra funcionarios ligados al narco
En abril, la administración de Trump acusó a funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, de presuntamente estar vinculados con Los Chapitos y brindarles protección a cambio de apoyo. El gobierno mexicano respondió que Washington debía presentar las pruebas de esas acusaciones.
La entrega de objetivos prioritarios habría formado parte de la estrategia de México para contener una posible incursión estadounidense. El medio señaló que las acciones mexicanas contra integrantes de organizaciones criminales redujeron temporalmente la presión, aunque ésta volvió a aumentar conforme se acercaban las elecciones legislativas de Estados Unidos.
Funcionarios militares estadounidenses habrían advertido a la Casa Blanca que una acción unilateral contra cárteles en México podría deteriorar de forma grave la relación bilateral. También alertaron que una decisión de ese tipo podría llevar al gobierno mexicano a suspender la cooperación de seguridad con Washington.
La postura de Claudia Sheinbaum se mantuvo en el rechazo a la intervención extranjera, mientras Estados Unidos insistía en ampliar la participación de sus agentes y su acceso a información de inteligencia para perseguir a los cárteles dentro de México.
