Cada 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. En la Argentina, este año la fecha tiene una resonancia particular: hace diez años, el 14 de septiembre de 2016, el Congreso sancionó la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, el 29 de septiembre fue publicada en el Boletín Oficial y, un año después, entró plenamente en vigencia.
El acceso a la información es mucho más que una herramienta de transparencia y control. Permite conocer cómo se utilizan los recursos públicos, evaluar servicios, investigar decisiones del Estado, producir conocimiento y formular mejores políticas. Es también un derecho que habilita otros derechos y una participación ciudadana más informada.
La Ley 27.275 fue resultado de un largo proceso en el que confluyeron actores del Estado, la Justicia y la sociedad civil. CIPPEC fue parte activa de ese recorrido: impulsó pedidos de información, acercó propuestas al Poder Ejecutivo y al Congreso y, junto con la Asociación por los Derechos Civiles, promovió un reclamo judicial que derivó en 2014 en un fallo de la Corte Suprema que constituyó un antecedente relevante para la posterior sanción de la ley.
La norma estableció obligaciones de transparencia activa, reglas para solicitar información, autoridades de aplicación y mecanismos de reclamo. Esa institucionalidad ha sido central para sostener el derecho a lo largo de distintas gestiones.
Pero estos diez años dejan otro aprendizaje: una ley no se implementa sola. Convertir un derecho en una práctica cotidiana requiere instituciones, capacidades, criterios compartidos, medición y continuidad.
El Índice de Transparencia de Empresas de Propiedad Estatal (ITEPE), que CIPPEC desarrolla desde 2021, ofrece un ejemplo. El promedio de las empresas relevadas pasó de 42,5 puntos sobre 100 en la primera edición a 59,3 en la última. Pero el trabajo no se limita a medir y publicar resultados.
En cada edición dialogamos con las empresas, identificamos y difundimos buenas prácticas y organizamos encuentros de aprendizaje entre pares. Antes de la última publicación compartimos, además, los resultados preliminares con cada empresa: 11 de las 29 analizadas implementaron mejoras a partir de ese intercambio.
Así, la medición permite no sólo producir evidencia, sino también identificar dificultades, ofrecer parámetros y generar aprendizajes que contribuyan a transformar obligaciones legales en prácticas institucionales.
Otro ejemplo es el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP) que CIPPEC sostiene desde hace más de una década. En ese período, la transparencia presupuestaria mejoró en todas las jurisdicciones y se redujeron las diferencias entre provincias. En 2024, el promedio alcanzó 7,8 puntos sobre 10.
Diez años después, la experiencia muestra que hacer efectivo un derecho requiere mucho más que una buena ley. Requiere organismos públicos capaces de sostenerla, funcionarios que la conviertan en práctica y capacidades estatales para producir y publicar información de calidad.
Y requiere una sociedad civil activa. Su papel no termina cuando contribuye a instalar un tema en la agenda o a impulsar una reforma. Puede producir evidencia, medir avances, detectar obstáculos, acercar soluciones y generar espacios de cooperación.
El Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar el derecho. Pero una sociedad civil activa puede contribuir a impulsarlo, fortalecerlo y sostenerlo en el tiempo. Convertir las leyes en prácticas es una tarea persistente, y allí la sociedad civil tiene un rol fundamental que cumplir.
