Asunción, 24 sep (EFE).- Un tribunal de Paraguay condenó este jueves a 8 años de prisión al exsenador oficialista Hernán Rivas por el uso de un título falso de abogado, que le sirvió para integrar y luego presidir brevemente un órgano que investiga y juzga el desempeño de los funcionarios judiciales en el país.
El fallo, que abre la posibilidad de que las decisiones firmadas por Rivas sean declaradas nulas, se produjo después de una larga deliberación en el Tribunal de Sentencia de Asunción, la capital paraguaya.
«Este tribunal, administrando Justicia en nombre de la República de Paraguay, considera que la justa pena proporcional y útil para la protección del orden jurídico y la sociedad es la pena de 8 años de privativa de libertad», dijo al leer la sentencia la juez María Fernanda García, presidenta del órgano.
Durante la lectura del fallo, García apuntó que las pruebas producidas durante el juicio «desmienten categóricamente la existencia misma de la trayectoria académica» de Rivas, por cuanto se concluye que no cursó la carrera de derecho.
Entre estas mencionó que «nadie lo vio» cursar la carrera, existen «ausencia de registros» de su presencia en las aulas y que el sentenciado no supo explicar las condiciones «en las que habría rendido exámenes» universitarios.
«Cada elemento ha sido examinado individualmente, pero en su coincidencia resultan convergentes y determinantes en la misma conclusión: Hernán Rivas no cursó ni aprobó la carrera de derecho, por tanto carecía de formación académica necesaria para ostentar la condición de abogado», puntualizó la juez.
La Fiscalía había pedido este lunes una condena de 12 años de prisión para el exlegislador.
Rivas fue imputado por producción de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso cuando era diputado (2018-2023), y luego como senador, cargo al que renunció en mayo pasado en medio de una polémica por estas acusaciones.
En julio de 2023, Rivas utilizó un título de abogado para poder ser designado en nombre del Senado como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que juzga a jueces, fiscales y defensores públicos del país por el mal desempeño de sus funciones.
Dimitió al JEM el 1 de agosto de ese año tras enfrentar críticas y denuncias periodísticas sobre presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas, incremento patrimonial y deudas.
Ya en 2020 y durante unos tres años había integrado ese organismo en representación de la Cámara de Diputados.
El caso de Rivas tiene lugar en medio de un proceso emprendido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para verificar la autenticidad de al menos 550 títulos universitarios, de los que, según el jefe de ese despacho, Luis Ramírez, hasta ahora no se han hallado registro de 250. EFE
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