La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este 2 de octubre que interpondrá un recurso de apelación contra la resolución de no vincular a proceso a los cinco exfuncionarios municipales de Aguascalientes señalados por presunta corrupción en la contratación del proyecto del parque fotovoltaico con la empresa Next Energy. La dependencia argumentó que existen elementos jurídicos que la autoridad judicial no consideró al dictar el fallo.
La FGR mencionó en su comunicado que la investigación se originó por la denuncia de una senadora de la República, sin especificar su identidad. Se trata de Nora Ruvalcaba, legisladora de Morena con licencia, quien publicó un día antes, en su cuenta de Facebook, un mensaje en el que señaló que la resolución judicial benefició a los exfuncionarios imputados en el caso y la calificó de “absurda y aberrante”.
Entre los beneficiados por la resolución judicial están Jaime Gerardo Beltrán Martínez, quien ocupó la Secretaría del Ayuntamiento y hoy preside el Tribunal de Justicia Administrativa de Aguascalientes; Alfredo Martín Cervantes García, actual secretario de Finanzas del gobierno estatal y entonces titular de la misma área en el municipio; Mónica Marcela Díaz Aranda, que estuvo al frente de la Secretaría de Administración municipal y ahora dirige Radio y Televisión de Aguascalientes; Luis Alberto Rivera Vargas, exsíndico procurador, y Rodolfo Telles Moreno, quien fungió como secretario de Servicios Públicos y administrador directo del contrato con Next Energy.
Todos ellos fueron colaboradores de Teresa Jiménez durante su gestión como presidenta municipal de Aguascalientes, periodo en el que se firmó el contrato con Next Energy para la construcción del parque fotovoltaico.
La FGR sostuvo que el caso continúa abierto pese a la resolución judicial
Con independencia de lo que se resolviera en el recurso de apelación, la FGR afirmó que permanecían abiertas diversas líneas de investigación respecto del uso de recursos públicos federales, el cumplimiento de las obligaciones derivadas del proyecto, y posibles mecanismos financieros y comerciales que pudieran haber afectado el interés público.
La dependencia reafirmó que el combate a la corrupción es una prioridad permanente y señaló que las resoluciones adversas en un procedimiento específico no implican el abandono de las investigaciones ni de la responsabilidad institucional de esclarecer los hechos, ni de llevar ante la justicia las conductas que pudieran constituir una violación a la ley.
La FGR agregó que el combate a la corrupción exige no claudicar en la defensa del Estado de Derecho, así como el compromiso de agotar todas las vías legales disponibles para garantizar la protección y satisfacción del interés público.
La senadora con licencia Nora Ruvalcaba calificó la resolución de “absurda y aberrante”
Nora Ruvalcaba escribió el pasado 1 de octubre en sus canales oficiales que la jueza Yuridia Bello dictó el auto de no vinculación a proceso beneficiando a los cinco exfuncionarios municipales, al considerar que el delito había prescrito, es decir, que había transcurrido el plazo legal para proceder penalmente por esos hechos y que el caso ya había sido juzgado.
La legisladora sostuvo que con esta determinación no solo se pierde la confianza en la juzgadora, en su autonomía y en su independencia, sino que pierde Aguascalientes.
“Pierden también empresarios, académicos, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil, personal educativo y de salud, deportistas, comerciantes, partidos políticos y medios de comunicación que esperaban saber a dónde fueron a parar los más de 2 mil millones de pesos pagados para financiar un parque fotovoltaico que no generó un solo kilowatt”, escribió Ruvalcaba.
Además, la senadora con licencia -quien busca la gubernatura de Aguascalientes con Morena- calificó de indignante que el fiscal estatal Manuel Alonso, a quien llamó cómplice de la gobernadora Teresa Jiménez, ya hubiera determinado el no ejercicio de la acción penal.
“¿Cuándo pensaba decírselo a Aguascalientes? ¿Cuándo iba a explicar por qué las imputaciones contenidas en la carpeta de investigación, desde su perspectiva, consideraban sólo responsables al empresario y Banca Afirme?”, cuestionó Ruvalcaba.
La legisladora describió el estado de Aguascalientes como una ciudad destrozada, sin una sola obra pública de alto impacto, con baches en todas las vialidades, contenedores de basura desbordados, parques y jardines olvidados, un transporte público ineficiente con tiempos de espera de más de una hora, miles de empleos perdidos y cientos de robos a negocios.
Ruvalcaba reveló en su postura que ha contabilizó más de 13 mil actos de corrupción en un año y más de 2 mil millones de pesos pagados por un servicio de energía que no se presta.
Ruvalcaba sostuvo que nada de eso desaparece con una resolución judicial y que la decisión de la jueza Bello no cambia la historia ni borra lo vivido durante los últimos años. La senadora con licencia afirmó que Next Energy es y será parte del legado político de Teresa Jiménez y del Partido Acción Nacional, al que describió como un recuento de impunidad, corrupción y opacidad sin precedentes en el estado.
La legisladora escribió que la resolución no necesariamente pone punto final al caso y que habrá que esperar la apelación correspondiente por parte del ministerio público federal, así como lo que determinen las instancias superiores. Ruvalcaba cerró su mensaje con que la memoria de Aguascalientes no prescribirá frente a Next Energy, ni tampoco frente a los inexistentes resultados del gobierno estatal y municipal.
