El abogado de la familia de la víctima del caso Liceo Naval, Jorge Petrozzi, estimó que la sentencia contra los seis adolescentes investigados podría emitirse entre octubre y noviembre de 2026.
Los jóvenes cumplen internamiento preventivo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, ubicado en San Miguel, y podrían ser trasladados después al centro penitenciario Ancón II cuando alcancen la mayoría de edad.
En una entrevista con Al Día con Willax, el letrado señaló que el proceso sigue en investigación y que la definición corresponderá a la magistrada. Según explicó, la previsión es que el fallo llegue antes de que concluya el plazo de cuatro meses fijado para la medida impuesta a los adolescentes.
“Que la sentencia salga antes de los cuatro meses es lo que se prevé y es lo que, siguiendo estrictamente la ley, hasta el momento la señora jueza está cumpliendo. La Fiscalía, el señor fiscal que ha armado el caso —muy bien hasta el momento—, y la señora jueza, esperamos que haya sentencia entre octubre y noviembre de este año. Entre octubre y noviembre de este año debería estar dándose la sentencia”, afirmó.
Petrozzi sostuvo que dos profesores que viajaban en el bus tenían el deber jurídico de proteger la seguridad del menor. En esa línea, citó el artículo 13 del Código Penal, referido a los delitos de comisión por omisión, para referirse a la responsabilidad de los adultos.
“Ya está probado que estaban ahí. Eran dos profesores que estaban dentro del bus y que no hicieron nada para impedir este hecho”, declaró al referido medio.
Sobre el chofer, el abogado indicó que figura entre las tres personas denunciadas, aunque sostuvo que no tenía una posición jurídica de garante. A su juicio, la función del conductor consistía en trasladar a los escolares de forma segura, mientras que la vigilancia dentro del vehículo debía recaer en un auxiliar.
Pena y traslado dependerán de la decisión judicial
Petrozzi afirmó que, desde su interpretación, los investigados actuaron como coautores, por lo que deberían recibir la misma pena. El abogado consideró que la sanción aplicable sería de ocho años, aunque reconoció que existe otra postura que plantea seis. “Es una discusión jurídica que tendremos que dar ante la magistrada, quien tomará su decisión”, manifestó posteriormente.
El letrado precisó que una apelación podrá presentarse si alguna parte discrepa de la resolución. También indicó que la situación de los adolescentes puede modificarse antes del fallo, debido a que la investigación continúa y se reciben nuevos datos aún.
“Mientras un juez no dicte sentencia, todo puede pasar. Mientras todavía estemos en la etapa de investigación, tengamos una diligencia o una audiencia dentro de unos días, cualquier cosa puede pasar”, resaltó.
El abogado explicó que algunos investigados tienen 16 y 17 años, por lo que si la medida o la sanción continúa después de esa edad, planteó que corresponde el traslado a un penal común con condiciones para mantener medidas socioeducativas y tratamiento de resocialización.
“Según lo informado por una de las autoridades competentes, Ancón II tiene esas condiciones. Entonces, deberían el próximo año, cuando cumplan 18 años, ser trasladados a Ancón II”, concluyó Petrozzi.
