La situación de las cárceles mexicanas mantiene rezagos que comprometen las condiciones de vida y los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) identifica problemas persistentes de sobrepoblación, hacinamiento, clasificación inadecuada, falta de personal de custodia y deficiencias en los servicios de salud, principalmente en los centros penitenciarios estatales.
El documento, presentado el 7 de octubre de 2026, se elaboró a partir de visitas a 278 centros penitenciarios y de reinserción social en funcionamiento en las 32 entidades federativas. La revisión incluyó centros estatales y federales, así como prisiones militares.
La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, sostuvo que los resultados constituyen una “radiografía cuantitativa y, sobre todo, cualitativa” del sistema nacional de reinserción social.
Ante los hallazgos, planteó la necesidad de abandonar una visión de las cárceles exclusivamente como espacios de castigo y avanzar hacia un modelo orientado a la reinserción social efectiva.
Entre las principales irregularidades detectadas destaca la inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, identificada en el 98.9% de los centros visitados.
A ello se suma la insuficiencia de programas para prevenir y atender incidentes violentos, presente en el 93.1% de los establecimientos supervisados, así como la falta de personal de seguridad y custodia, reportada en el 92.3 por ciento.
Las deficiencias en los servicios de salud también figuran entre los problemas señalados por la CNDH: fueron identificadas en el 77% de los casos.
Aunque el comunicado refiere avances en infraestructura, tecnología y modernización de procesos, advierte que continúan las dificultades en la calidad de los servicios y en la atención integral que reciben las personas internas.
La sobrepoblación permanece como uno de los factores centrales de preocupación. El Diagnóstico reportó este problema en 129 centros estatales, equivalentes al 49.4% de los supervisados.
Además, documentó hacinamiento en 124 centros visitados, es decir, en el 47.5 por ciento.
Piedra Ibarra advirtió que estas condiciones conforman una “fórmula peligrosa de factores” que afecta el derecho a una estancia digna y expone a las personas privadas de la libertad a riesgos para su integridad y salud mental.
En ese sentido, señaló que la responsabilidad estatal no se limita a mantener la custodia durante el cumplimiento de una medida o sanción, sino que debe impedir que el internamiento se convierta en un “doble castigo” por la vulneración de derechos humanos, ya sea por acción u omisión.
Las calificaciones obtenidas en la supervisión también reflejan un panorama adverso. De acuerdo con la CNDH, las calificaciones no aprobatorias oscilaron entre 4.37 y 5.94, con una tendencia a la baja.
La máxima calificación obtenida fue de 8.26, mientras que los promedios de los sistemas penitenciarios estatales, federal y militar se ubicaron entre 6 y 7.71.
La directora general y encargada del despacho de la Tercera Visitaduría General de la CNDH, Nestora Salgado García, señaló que hubo una disminución importante en las calificaciones de los Centros Federales de Reinserción Social, los centros estatales y las prisiones militares respecto de años anteriores.
En particular, afirmó que los resultados a la baja en las cárceles estatales “reflejan una importante desatención institucional que debe comprometer a todos los niveles de gobierno”.
Salgado García recordó que “el único derecho legalmente suspendido es la libertad” y alertó que el incumplimiento de las obligaciones estatales como garantes aleja a las personas de una reinserción social real y agrava sus condiciones de vida en prisión.
También expresó preocupación porque durante 2025 y lo que va de 2026 continúan registrándose incidentes violentos que incluso han puesto en riesgo la vida de personas privadas de la libertad.
Ante este panorama, la CNDH llamó a reforzar la calidad, suficiencia y gratuidad de los servicios de alimentación; garantizar espacios adecuados y condiciones de estancia digna; erradicar el hacinamiento; reportar oportunamente cuando los centros rebasen su capacidad, y contratar más personal de seguridad, custodia y atención especializada.
La Comisión precisó que el Diagnóstico no responde a agendas políticas ni busca funcionar como guía para certificaciones de otras instituciones.
Su propósito, señaló, es contribuir a la protección, respeto y defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
