A seis meses de asumir la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel informó que el organismo ha presentado 40 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción.
Entre los casos que destacó durante su comparecencia del 30 de octubre de 2026, ante la Cámara de Diputados, se encuentran investigaciones relacionadas con Nuevo León y Sinaloa, donde la Auditoría identificó presuntos esquemas de triangulación de recursos públicos, simulación de operaciones y transferencias a cuentas vinculadas con familiares de servidores públicos.
ASF presenta 40 denuncias penales en seis meses
Durante su intervención ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Hernández Palacios aseguró que la fiscalización no debe quedarse únicamente en la identificación de irregularidades, sino avanzar hacia investigaciones y acciones legales contra quienes resulten responsables.
El auditor detalló que, en los primeros seis meses de su gestión, se presentaron 40 denuncias penales. Además, precisó que las 21 denuncias que había reportado en el informe anterior ya fueron judicializadas.
Uno de los cambios que destacó fue la presentación, por primera vez, de tres denuncias penales relacionadas con auditorías que todavía se encontraban en desarrollo. Es decir, las acciones legales comenzaron antes de que concluyera formalmente el proceso de fiscalización.
Los casos están relacionados con presuntas irregularidades como:
Obras públicas que fueron pagadas, pero que no habrían sido ejecutadas.Equipo médico de alta especialidad que no pudo ser localizado.Documentación presuntamente apócrifa utilizada para simular el cumplimiento del pago de cuotas de seguridad social, en perjuicio del Estado y de trabajadores.
Hernández Palacios sostuvo que la finalidad es evitar que las observaciones de auditoría se conviertan en simples señalamientos sin consecuencias jurídicas.
Nuevo León y Sinaloa: detectan triangulación de recursos y posibles vínculos familiares
Entre los asuntos que más llamó la atención durante la comparecencia se encuentran las investigaciones relacionadas con Nuevo León y Sinaloa.
El titular de la ASF explicó que, mediante trabajos de inteligencia, se identificaron presuntos esquemas de triangulación y simulación de operaciones, así como patrones de transferencia de recursos públicos a través de pagos realizados a proveedores.
De acuerdo con lo expuesto por el auditor, el destino final de esos recursos estaría relacionado con cuentas bancarias de personas físicas y morales que mantienen vínculos familiares con servidores públicos.
Aunque no presentó en su intervención un desglose de los montos involucrados en cada entidad ni identificó a las personas o empresas bajo investigación, aseguró que la Auditoría está utilizando sus nuevas atribuciones legales para profundizar en estos casos.
El objetivo, explicó, es reconstruir las operaciones financieras, identificar a los posibles beneficiarios de los recursos y preservar las pruebas necesarias para promover las acciones legales correspondientes.
El auditor también advirtió que la institución actuará sin distinciones por cargo, dependencia o nivel de gobierno cuando existan elementos que justifiquen una investigación.
Más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en la Cuenta Pública 2025
Además de las denuncias penales, Hernández Palacios presentó los resultados de la segunda entrega de informes individuales de auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2025.
En esta etapa se entregaron 374 informes individuales, distribuidos de la siguiente manera:
42 auditorías a municipios.286 auditorías a entidades federativas.46 auditorías a entes del orden federal.
Como resultado de las revisiones, la ASF identificó más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en los tres órdenes de gobierno.
En el ámbito estatal, las auditorías registraron más de mil 200 millones de pesos pendientes de aclaración, principalmente en los sectores educativo y de salud. Sin embargo, antes de concluir las revisiones, las entidades fiscalizadas reintegraron mil 132 millones de pesos.
El sector salud concentró 553 millones de pesos de esos reintegros, recursos que, de acuerdo con el auditor, pudieron destinarse a medicamentos, insumos médicos, equipamiento y mejores condiciones de atención.
En el caso de los municipios, los resultados también encendieron alertas: las 42 auditorías realizadas dejaron más de 5 mil 200 millones de pesos sin acreditar su destino. Hernández Palacios precisó que se revisó el 100 por ciento de los recursos federales entregados a esos gobiernos.
Entre los hallazgos federales mencionó al Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, cuyos montos observados suman 2 mil 327 millones de pesos.
Auditoría advierte consecuencias y prepara nuevas herramientas de investigación
Durante la comparecencia, el auditor también informó que se determinaron 60 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, mediante las cuales se notificó a autoridades como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre posibles incumplimientos en contribuciones y cuotas de seguridad social.
Asimismo, reveló que la ASF presentó nueve denuncias penales relacionadas con prácticas de coyotaje, al reiterar que la institución no cuenta con gestores ni representantes particulares para realizar trámites de fiscalización.
Como parte del fortalecimiento de las investigaciones, destacó los convenios de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Antimonopolio. Estos acuerdos buscan ampliar el intercambio de información para detectar operaciones de riesgo, posibles conflictos de interés, acuerdos indebidos y prácticas anticompetitivas en contrataciones públicas.
También planteó la creación de una plataforma para que los gobiernos que estén por concluir sus mandatos puedan cargar directamente en los servidores de la Auditoría la información de las cuentas públicas pendientes de revisión.
Hernández Palacios advirtió que la negativa a entregar documentación con el propósito de obstaculizar las labores de fiscalización tendrá consecuencias legales.
Al defender esta nueva etapa de la ASF, sostuvo que las reformas aprobadas en mayo de 2026 ya se están utilizando para investigar hechos concretos, preservar pruebas y promover acciones jurídicas.
El mensaje central de su comparecencia fue que la fiscalización debe ir más allá de detectar cuánto dinero no fue comprobado: también debe esclarecer quién recibió los recursos, cómo se utilizaron y quiénes podrían estar involucrados en su destino irregular.
