La ONG Amnistía Internacional denuncia casos de “tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes” cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas españolas contra personas migrantes en Ceuta, dos meses después de la entrada de más de 80.000 personas a la ciudad autónoma. La organización atribuye estos abusos, en particular, a unidades de Regulares y de la Legión, y advierte de que “parecen responder a un patrón”.
La organización ha entrevistado a más de 65 personas migrantes y solicitantes de asilo durante una visita realizada del 10 al 15 de septiembre, en la que ha recorrido los principales asentamientos de calle en la ciudad y se ha reunido con periodistas, ONG, la Fiscalía y representantes del Gobierno de Ceuta. Entre los testimonios recogidos, 22 personas han atribuido a militares palizas, acoso, humillaciones, robo de dinero y confiscación de teléfonos móviles, sin distinción de edad, condición o género.
Del total de entrevistas, 31 han correspondido a menores de entre 13 y 17 años, y 26 a mujeres, dos de ellas embarazadas. Las 12 personas restantes habían solicitado asilo o tenían intención de hacerlo. Todas procedían de Marruecos, Argelia, Somalia y Yemen.
“Me pusieron bridas y me metieron en el maletero”
Amnistía Internacional ha documentado “cuerpos magullados de migrantes con lesiones que parecen compatibles con golpes de defensas rígidas” en dos jóvenes marroquíes, uno de los cuales ha asegurado que fue “obligado a arrodillarse” antes de recibir los golpes. Otro joven ha relatado que lleva 25 días sin poder caminar tras ser empujado desde una altura elevada por un grupo de militares que lo despertó mientras dormía junto a la Ermita de San Antonio.
Dos jóvenes más, uno marroquí y otro argelino, han descrito haber sido golpeados con porras y puñetazos mientras estaban inmovilizados con bridas de sujeción, cuyas marcas en las muñecas la organización ha podido constatar. “Me pusieron bridas y me metieron en el maletero. Cuando me sacaron, me amordazaron la boca y me pegaron la cara contra un árbol, y así me pegaron porrazos y puñetazos. Cuando terminaron, me tiraron por un terraplén”, ha relatado uno de ellos.
Entre las prácticas denunciadas figuran “insultos y amenazas constantes para que abandonen Ceuta”, impedir dormir por la noche y transitar de día, obligar a los jóvenes a “raparse el pelo” y a “arrodillarse para besar una cruz cristiana” en el caso de personas musulmanas. Según videos a los que ha tenido acceso la organización, algunos militares han actuado “de noche y encapuchados” para evitar ser reconocidos, han rociado “la cara y el cuerpo con un espray irritante” y han procedido a “su expulsión sumaria a través de la valla del Tarajal”. Esta información es “plenamente consistente” con la documentación reunida por el colectivo Border Resistance, que incluye partes médicos con fracturas y traumatismos craneales atribuidos a agresiones de soldados.
Ceuta sigue sin solución dos meses después
El responsable del mando único en Ceuta ha cifrado en 2.383 los “menores migrantes no acompañados” identificados hasta el momento. De ellos, entre 500 y 700 continúan en la calle “sin ninguna cobertura”, en medio de una disputa política por la negativa de algunas comunidades autónomas a acogerlos y el rechazo del Gobierno ceutí a designar representantes legales. El Ministerio de Juventud e Infancia ha confirmado que solo 54 menores han sido “reagrupados con familiares” en la Península.
Unas 800 mujeres, algunas con sus hijos, permanecen también en situación de calle. Ante esta desprotección, unas 20 “familias monomarentales” se han instalado en una carpa cercana a la mezquita de Sidi Embarek, donde, según la organización, “duermen en el suelo” y no tienen “acceso ni a duchas ni a aseos”. El Consejo General del Poder Judicial ha informado de 37 investigaciones abiertas por violencia sexual contra mujeres y niñas migrantes, de las cuales 28 continúan activas. El total de víctimas asciende a 39 personas, 38 mujeres y un hombre, 14 de ellas menores de edad.
Amnistía Internacional ha recogido testimonios de menores no acompañados que “acuden casi a diario” a los cuerpos policiales a solicitar protección y “son rechazados de manera constante”, lo que vulnera las obligaciones que la legislación vigente impone a las autoridades españolas ante personas menores sin adulto responsable.
“Tenemos órdenes”
Según las normas europeas vigentes desde mediados de junio, España debe realizar un “triaje” a todas las personas para identificar a solicitantes de asilo, con “controles de salud y seguridad” y un “control preliminar de vulnerabilidad”. La organización ha constatado que solicitantes de asilo procedentes de zonas en conflicto como Somalia y Yemen no tuvieron sus expedientes de asilo iniciados ni se les realizó “ningún tipo de entrevista para detección de vulnerabilidades”.
Un ciudadano yemení de 34 años ha relatado que fue expulsado sin procedimiento seis días después de haber entrado a Ceuta el 29 de junio, tras cruzar a nado la frontera y ser rescatado por Cruz Roja. “Nos cogieron a unos 70, había principalmente marroquíes, nos sentaron a todos en filas, yo levanté el brazo para enseñar mi pasaporte, pero un militar lo tiró al suelo dándome con la porra en la mano, nos metieron en vehículos militares y nos llevaron a la frontera donde nos entregaron a la policía marroquí. Conseguí volver a entrar porque quiero pedir protección internacional”, ha contado el hombre, cuya versión ha sido corroborada por documentación a la que ha accedido la organización.
La organización ha documentado un “hostigamiento diario de naturaleza racista, xenófoba e islamófoba” contra personas migrantes y también contra ceutíes de origen marroquí o percibidos como tales, a quienes militares impiden el paso a comercios y al centro de la ciudad “en función del color de la piel o la indumentaria”. Un equipo de Amnistía Internacional ha presenciado cómo militares interrogaron a un grupo de personas racializadas sentadas en un banco público, al preguntarles si “eran de aquí”. Al pedir explicaciones, un militar respondió: “Tenemos órdenes para que no se sientan cómodos”.
Hostigamiento contra las ONG
Según el informe de OBERAXE, los mensajes de odio en redes sociales aumentaron un 76% a raíz de la crisis migratoria durante agosto, mensajes que “se emplearon para reforzar narrativas que presentan a las personas migrantes como una amenaza”. Expresiones como “invasores” o “hay que cazarlos” se han repetido de forma reiterada por parte de autoridades y partidos políticos. El secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, llegó a afirmar públicamente que había que “cazar uno por uno” a las personas migrantes que habían entrado de forma irregular. La diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo publicó en redes: “No son migrantes. Son soldados. Usan a las mujeres y los niños de atrezo”.
Además de agresiones denunciadas por periodistas de La Sexta, RTVE y eldiario.es, Amnistía Internacional ha documentado hostigamiento contra organizaciones humanitarias. Una activista de Brigadas ha relatado que las fuerzas de seguridad obstaculizan su labor “incluso cuando intentan repartir compresas y otros productos de higiene” a las mujeres, mientras que la organización No Name Kitchen ha sufrido el bloqueo de su sede por un vehículo militar el 12 de septiembre y la detención de dos de sus activistas el 25 de agosto, acusadas de resistencia a la autoridad tras grabar una actuación policial. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llegó a afirmar que la detención se produjo por haber “alentado a grupos violentos”.
El episodio más reciente ha ocurrido el 20 de septiembre, cuando el activista Rafa Borrego, la abogada Sofía Cánovas y la diputada ceutí Julia Ferreras fueron agredidos con huevos y piedras dentro de un vehículo durante una movilización contra la llegada de la ONG Negu Gorriak. Borrego fue señalado por un participante como miembro de dicha organización con el grito “¡Este es uno de ellos!”, tras lo cual numerosas personas le gritaron “es uno de los etarras”, sin que la policía interviniera de forma decidida. La propia delegación de Amnistía Internacional fue identificada por la Policía Nacional y recibió insultos de militares apostados junto al Hospital Universitario de Ceuta el 11 de septiembre, entre ellos la frase “perroflautas, ¡a chuparla!”.
Una carta a Sánchez y a Vivas
La organización ha enviado una carta a los presidentes del Gobierno de España; Pedro Sánchez, y del de Ceuta, Juan Vivas, con nueve recomendaciones, entre ellas “asegurar de manera inmediata la asistencia humanitaria adecuada”, identificar y proteger a “todos los niños y niñas no acompañados”, ordenar “el cese inmediato de todo ataque u hostigamiento” por parte de las fuerzas de seguridad, investigar “de manera pronta, imparcial, independiente y exhaustiva” las alegaciones de abusos, y garantizar “el acceso efectivo al procedimiento de asilo” sin expulsiones colectivas. La organización también ha pedido a las comunidades autónomas que faciliten la reubicación de menores para aliviar la saturación en Ceuta.
