Yebrail Haddad Linero, exdirector de Defensa Jurídica Internacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) durante el gobierno de Gustavo Petro, mantiene un contrato vigente con Radio Televisión Nacional de Colombia (Inravisión), el sistema de medios públicos que ahora dirige Abelardo de la Espriella. Según registros de la plataforma de contratación pública SECOP, el vínculo tiene un valor de más de $53.000.000 y una duración de cuatro meses y 25 días.
El acuerdo fue suscrito el 6 de agosto de 2026, un día antes de que concluyera el gobierno de Petro. Su objetivo es la prestación de servicios de asesoría jurídica especializada a la Oficina Asesora Jurídica de Inravisión, entidad que hasta hace poco operaba bajo el nombre de RTVC, informó a Infobae Colombia la entidad.
“El señor Yebrail Haddad Linero a quien ustedes mencionan en su publicación, fue contratado en Inravisión (hoy RTVC – Sistema de Medios Públicos) el 6 de agosto de 2026, un día antes de la posesión del señor Presidente, Abelardo de la Espriella. Esto significa, claramente, que el señor Yebrail Haddad Linero fue vinculado a Inravisión en el gobierno del entonces presidente, Gustavo Petro; y bajo la Gerencia de Inravisión del señor Hollman Morris”.
A su vez, señaló que a fecha del 15 de octubre de 2026 el togado “se encuentra desvinculado de RTVC y hoy no existe ningún vínculo contractual del señor Yebrail Haddad Linero con RTVC – Sistema de Medios Públicos”.
Un nombramiento de última hora antes del cambio de gobierno
El proceso de contratación más reciente de Haddad Linero en Inravisión fue certificado por la entonces coordinadora de gestión de presupuesto, Johana Gisella Lozano, en los días previos a la transición. Antes de ese cargo, el togado había sido designado en la Andje por el exmagistrado César Palomino Cortés, quien dirigió esa agencia durante la administración saliente.
El expediente contractual describe a la Oficina Asesora Jurídica de Inravisión como la dependencia responsable de garantizar la legalidad de las actuaciones administrativas y la representación de los intereses institucionales en el marco normativo que regula el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El estudio de necesidad que sustenta el contrato señala que esa oficina atiende un alto volumen de asuntos jurídicos de alta complejidad técnica, lo cual justificó la contratación de un perfil especializado.
Haddad, oriundo de Ocaña, Norte de Santander, y egresado de la Universidad Externado de Colombia, es abogado y magíster en Derecho. Su hoja de vida incluye los cargos de personero y alcalde de Ocaña con aval de la Alianza Social Indígena, director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, asesor de Gobernabilidad para la Paz del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, secretario de Gobierno y gobernador encargado de Norte de Santander, además de magistrado auxiliar del Consejo de Estado.
Las funciones que asumirá en el ente público
Según el documento contractual, publicado por el medio citado, Yebrail Haddad Linero deberá apoyar la formulación de estrategias jurídicas orientadas al fortalecimiento institucional, elaborar conceptos jurídicos especializados y redactar respuestas a requerimientos de organismos de control, autoridades judiciales y entidades públicas. También tendrá a su cargo el seguimiento del Plan de Mejoramiento de la Oficina Asesora Jurídica derivado de auditorías internas y externas, así como el análisis de iniciativas normativas y actos administrativos sometidos a consideración de la entidad estatal.
Entre sus funciones figura además el trámite integral de los procesos que se originen ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), con la preparación de respuestas institucionales y el seguimiento técnico y jurídico hasta su culminación.
Un historial marcado por logros y señalamientos
Durante su paso por la Andje, Haddad Linero coordinó la defensa jurídica internacional del Estado en dos frentes. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la agencia reconoció responsabilidad en casos emblemáticos como el asesinato de Jaime Garzón, la Unión Patriótica (UP) y la masacre de Barrancabermeja. En enero de 2025, ante la Corte Interamericana, el Estado admitió que incumplió su deber de investigar la detención, tortura y muerte de Luis Fernando Lalinde, ocurrida en 1984.
En materia de arbitrajes de inversión, el hito más relevante fue el acuerdo alcanzado con la minera canadiense Aris Mining en noviembre de 2025, que puso fin a un proceso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) iniciado en 2018 y evitó, según la Andje, una posible condena cercana a USD380.000.000.
Sin embargo, la gestión de Haddad Linero también estuvo marcada por un señalamiento del exsenador Jorge Robledo, quien en marzo de 2025 alertó sobre la vinculación de la firma Astrea, sin experiencia previa en arbitrajes de inversión y conformada mayoritariamente por abogados de Norte de Santander, al proceso en el que la minera china Zijin Continental Gold reclama USD430.000.000 al Estado colombiano por la invasión del Clan del Golfo a su mina en Buriticá, Antioquia. El acuerdo con Astrea se cayó tras la presión mediática, y tanto la Procuraduría General de la Nación como el Ministerio de Justicia verificaron lo actuado sin hallar irregularidades.
